El “culpable” leído este martes por un juez de Nueva York contra Genaro García Luna va mucho más allá de la primera condena en EE UU contra un alto exfuncionario mexicano por corrupción y vínculos con el narcotráfico. La caída del máximo jefe de la policía y señor de la guerra contra las drogas durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) impacta de lleno a la política mexicana y abre la puerta a un terremoto que amenaza con sacudidas en todos los frentes.
El histórico veredicto, que certifica que García Luna trabajó a sueldo para el cártel de Sinaloa durante más de 20 años, aumenta sobre todo la presión en torno al expresidente Calderón, cada vez más acorralado y con más dificultades para seguir sosteniendo que nunca supo nada de los negocios oscuros de su hombre de confianza. El desgaste del último expresidente panista arrastra también a su partido y, de rebote, al resto de la alianza opositora -PRI y PRD- que han optado por mantener hasta ahora un elocuente silencio.
Desde la otra orilla, en Morena no han tardado sin embargo en sacar la artillería colocando en la diana no solo a Calderón, sino también al anterior presidente panista, Vicente Fox, para quien también trabajó García Luna mientras con la otra mano ya había puesto en marcha sus tratos sucios con la mafia de Sinaloa. El fallo concede más gasolina todavía al discurso polarizador de López Obrador que reduce toda la oposición a un grupo indistinguible de corruptos. Una de las palancas que, en gran medida, le aupó al poder y que le sigue garantizando unos altos niveles de popularidad.
Más allá de la batalla por el relato, otra de las consecuencias es el evidente daño a la imagen de las instituciones mexicanas. Una mancha incrementada por el hecho de que otra vez han tenido que ser los tribunales estadounidenses los que han impartido justicia en caso de crimen organizado. Como máximo jefe de la seguridad mexicana, García Luna mantuvo además línea directa con EE UU como confidente y socio prioritario. Otro golpe al siempre delicado equilibro de poder y confianza sobre el que se sostiene la relación bilateral.
Desde la detención del exfuncionario hace más tres años en Texas, López Obrador ha buscado capitalizar el castigo estadounidense a la corrupción como una victoria propia. Una estrategia que contrasta con su defensa cerrada del general Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército durante el último gobierno priista, y arrestado también al otro lado de la frontera por narcotráfico y lavado de dinero. Al Gabinete morenista no le importó entonces entrar al choque con la Casa Blanca y movilizó toda su maquinaria diplomática para lograr el traslado del exsecretario de Defensa a México, donde finalmente fue exonerado.
En esta ocasión, López Obrador dejó claro muy pronto que no pensaba desaprovechar la oportunidad de cargar contra Calderón, probablemente su mayor némesis política. Desde la derrota por un dedo ante el panista en las polémicas elecciones de 2006, el actual presidente ha mantenido que aquello fue un robo. Además de culpabilizarle de la espiral de violencia que azota el país desde su decisión, al poco de llegar al poder, de sacar a los militares de los cuarteles para combatir en las calles al crimen organizado.
El juicio a García Luna ha sido un desfile de dedos apuntando a diferentes cuadros de la política mexicana, ilustrando con cientos de ejemplos las relaciones entre autoridades y criminales donde el dinero corrupto garantizaba una gigantesca impunidad. Desde exgobernadores hasta el propio expresidente Calderón, los señalados han salido a la palestra a negarlo todo. En el caso del exmandatario, fue el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, que cumple condena en EE UU por narcotráfico, el que aseguró que las órdenes de proteger a la gente del Chapo venían directamente de la silla presidencial.
Calderón reaccionó al instante en sus redes sociales: “Nunca negocié ni pacté con criminales”. El mismo mensaje con el que ha insistido tras el fallo del jurado de este martes, además de subrayar que el caso se está utilizando para atacarle políticamente. A finales del año pasado, EL PAÍS informó que el exmandatario había conseguido un permiso de residencia en España gracias a un contrato como profesor en la fundación del expresidente conservador José María Aznar.
Una de sus últimas declaraciones públicas ha sido un texto publicado el fin de semana pasado en la prensa mexicana llamando a la unidad de las fuerzas opositoras contra López Obrador. El movimiento del expresidente no fue bien recibido por todos los sectores de la oposición, que atraviesa un momento crucial de cara los comicios estatales -en Estado de México y Coahuila- de este mismo año, la antesala de la carrera presidencial de 2024. Cada vez son más las voces que consideran que, hoy más que nunca, Calderón no es precisamente el compañero ideal para disputar a López Obrador uno de sus mayores activos y banderas electorales: la lucha contra la corrupción.
