El tema de fondo sigue siendo quién ordenó el crimen de Estado, quién lo ejecutó, quién lo solapó, quién lo encubrió y quién se empeñó -o se empeña aún- en que no se conozca toda la verdad.
Este lunes 26 de septiembre volverá a ser un día de furia e indignación. Ocho años después de la terrible noche de Iguala, las preguntas siguen siendo más claras y pertinentes que las fallidas y enredadas respuestas ensayadas por la autoridad.
¿Quién ordenó el crimen de Estado?, ¿quién lo ejecutó?, ¿quién lo solapó?, ¿quién lo encubrió?, ¿quién se empeña en que no se conozca toda la verdad?
Cuando el subsecretario Alejandro Encinas pide a los padres y a las madres de los 43 normalistas desaparecidos “tener confianza en que la investigación continuará e irá a fondo”, cuesta trabajo tener dicha confianza.
Qué tranquilidad se puede tener al respecto, si el trabajo de Encinas es boicoteado desde la Fiscalía General de la República, que -en principio- forma parte del mismo gobierno o del mismo “proyecto de transformación”.
Y es que el mismo viernes 23, cuando Encinas salió a dar una conferencia de prensa sobre el caso Ayotzinapa, en la Fiscalía se trabajaba para enredar más y más las cosas.
Encinas pide confianza y que haya tranquilidad en la jornada de lucha emprendida por las familias de los desaparecidos, organizaciones sociales, colectivos de estudiantes y miles de personas que este lunes saldrán a manifestarse, pero la fiscalía de Alejandro Gertz Manero parece empeñada en que ocurra todo lo contrario.
Por un lado, “alguien” en la Fiscalía de Gertz Manero pide cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión que la propia FGR había solicitado a un juez federal en contra de personas presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según la nota de Gloria Leticia Díaz, publicada el sábado en Proceso bajo el título “Una sucia maniobra de la FGR que exonera a los militares del caso Ayotzinapa”, esta extraña maniobra de funcionarios de la FGR ajenos al proceso judicial exonera al exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco; a quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería, Rafael Hernández Nieto, y a otros 15 integrantes de las Fuerzas Armadas.
El episodio es el último en una compleja trama judicial, en la que un juez (Samuel Ventura Ramos) ha sido denunciado por el gobierno federal tras absolver a 121 personas involucradas en el caso Ayotzinapa.
La trama judicial ha provocado airadas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador; justificaciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y aclaraciones por parte del propio subsecretario Encinas que resultan insuficientes.
Los padres y madres de los desaparecidos contemplan desde su profundo dolor la trama de órdenes de aprehensión, detenciones, desistimientos, absoluciones y exoneraciones.
¿Cómo pedirles confianza en que las investigaciones, ahora sí, llegarán a fondo?, ¿cómo pensar que este lunes 26 no será un día de furia e indignación?
Por otro lado, “alguien” en la FGR decide filtrar a una periodista el informe que le entregó la Comisión del caso Ayotzinapa en una versión sin testar; es decir, con los detalles explícitos sobre la manera en la que las autoridades y los criminales habrían decidido el final de los normalistas que esa noche habían sido secuestrados.
El texto de la periodista Peniley Ramírez reproduce lo que dice el informe: mensajes entre los perpetradores de la Noche de Iguala con detalles que resultan horrendos, dolorosos, desgarradores e indignantes.
La filtración es condenada por Alejandro Encinas, que la califica como “lamentable, absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”.
Tiene razón el subsecretario, que ipso facto demandó a la FGR iniciar una indagatoria para identificar y castigar al responsable de la grave filtración.
El asunto abre un debate interesante entre periodistas en redes sociales, en torno al uso de las filtraciones en periodismo y la revictimización que éstas pueden generar.
Bienvenido ese debate, sobre todo cuando se da con argumentos y no con insultos y descalificaciones (que también abundaron este fin de semana en torno al texto de Peniley), pero ése no es el tema de fondo: lo de fondo sigue siendo la urgente necesidad de conocer la verdad completa en el caso Ayoitzinapa.
