De acuerdo con documentos oficiales, aparecen los nombres de los expresidentes municipales de Chamula, Sebastián Collazo Díaz y Cristina Lunes Shilón, por una malversación de más de 798 millones de pesos durante el ejercicio del 2015.
Asimismo, Julio César Pulido Pérez, en el 2016, en su calidad de alcalde de La Trinitaria, desvió más de 77 millones de pesos. Se suma también Albert Molina Espinoza, presidente municipal de El Parral en el 2018, quien no pudo comprobar 35 millones de pesos en el ejercicio de 2018 y otros 25 millones de pesos en el 2019.
Las pesquisas que obran en manos de este medio de comunicación, señalan también al exalcalde de Altamirano, Roberto Pinto Kanter, por un desfalco de 42 millones de pesos durante el ejercicio 2019. Además, del exedil de Emiliano Zapata, por un faltante cercano a los 23 millones de pesos, en el 2019.
Resalta también el nombre de Marco Cancino González, presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas en el período 2015-2018, quien es acusado de desviar más de 63 millones de pesos, los cuales no pudo comprobar en tiempo y forma, de acuerdo con las auditorías.
El actual alcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, podría ser vinculado a proceso, ya que tiene un pendiente con la cuenta pública del 2016, por un monto superior a los 67 millones de pesos, mientras que su antecesor, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y exdiputado federal, tampoco comprobó 28 millones de pesos, al pasar por el Ayuntamiento de Comitán.
La lista continúa con Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor quien tiene una observación por malversación de fondos por más de 123 millones de pesos, como parte del ejercicio del 2015 y 2016; en tanto que Jorge Antonio Aguilar Lucas, exalcalde de Frontera Comalapa, es acusado de haber desviado 344 millones de pesos durante los años 2015-2016.
En ese mismo municipio, Comalapa, tampoco los exalcaldes Jorge Antonio Aguilar López y Óscar Armando Ramírez Aguilar, pudieron comprobar 70 millones de pesos del 2018 y 26 millones de pesos del 2019, respectivamente, de acuerdo con denuncias penales que estuvieron en proceso durante los últimos tres años.
Asimismo, aparecen María del Carmen Fernández Benavente, presidenta municipal de Ángel Albino Corzo, en el 2015-2018, por un monto no ejercido de más de 24 millones de pesos, así como el exalcalde de San Cristóbal de Las Casas, Enoc Hernández Cruz, quien es investigado por otros delitos, ajeno a los 52 millones de pesos que dejó pendiente a su paso por la alcaldía coleta en el período 2002-2004.
En relación con los exfuncionarios de primer nivel del estado de Chiapas, son señalados los siguientes: Jorge Alberto Betancour Esponda, quien siendo director del INIFECH (Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas), en el 2014, desvió más de 65 millones de pesos, mientras que el 2015 el montó superó los 98 millones de pesos.
En el 2016, Betancour Esponda, como titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPYC), malversó otros 22 millones de pesos, cuyo monto en esos tres años suma arriba de los 185 millones de pesos.
Se menciona también al exdiputado, exalcalde de La Concordia y exlíder estatal del Partido Chiapas Unido, Miguel Ángel Córdova Ochoa, quien a su paso por la Secretaría de Desarrollo y Participación Social (Sedepas), en el 2015, se apropió de los recursos públicos por un monto que oscila en los 65 millones de pesos.
Bayardo Robles Riqué también es señalado al no poder comprobar 188 millones de pesos a su paso por la otrora Secretaría de Infraestructura (Seinfra) y 251 millones de pesos más, cuando fue director de la Comisión Estatal de Caminos e Infraestructura Hidráulica.
Asimismo, está en la mira de las autoridades el exdirector del INIFECH, Eduardo Francisco Zenteno Núñez por un faltante de 126 millones de pesos del presupuesto del 2016. El documento cita también al exsecretario de Transportes del Estado, Carlos Raymundo Toledo, por más de 69 millones de pesos, del ejercicio del 2013.
Cabe aclarar que en las denuncias penales contra los expresidentes municipales, figuran también directores de obras, tesoreros, síndicos y otros funcionarios locales, quienes tuvieron conocimiento de estas irregularidades en la administración pública, manejaron recursos a discreción y guardaron silencio.
