Estados Unidos sigue conmocionado por la noticia de que una estudiante de una universidad de élite habría sido drogada y violada por siete alumnos durante varias horas hace dos años y no se presentaron cargos penales contra sus agresores.
Después de que la Fiscalía decidiera reabrir su investigación sobre la agresión que tuvo lugar en la Universidad de Cornell en 2024 a raíz de una demanda presentada por la víctima este mes, han seguido saliendo a la luz nuevos detalles que plantean dudas sobre cómo gestionaron inicialmente el caso las autoridades y el centro educativo.
La mujer, identificada únicamente como “Jane Doe” en la demanda, alega que en octubre de 2024, cuando era estudiante de la Universidad de Cornell, en el norte del Estado de Nueva York, fue violada por siete compañeros de estudios en la sede de una fraternidad del campus. La alumna denunció entonces la agresión a la policía universitaria, que remitió el caso al fiscal del distrito correspondiente. Este lo archivó tras determinar que no había pruebas suficientes para presentar cargos penales.
Ahora, la mujer ha demandado a los siete hombres, a su fraternidad, a la hermandad de la que formaba parte en aquel momento y a la universidad.
Esto es lo que sabemos sobre el caso de “los siete de Cornell”, como se ha apodado a los presuntos agresores.
Una brutal demanda de 101 páginas
En una demanda civil de 101 páginas presentada el pasado 16 de septiembre, la mujer alega que, la noche del 19 de octubre de 2024, siete hombres de la fraternidad Chi Phi de Cornell la violaron en repetidas ocasiones durante casi siete horas.
Jane Doe tenía entonces 20 años y era estudiante de tercer curso. Formaba parte de una hermandad y la noche de la agresión que denuncia, estuvo bebiendo alcohol durante varias horas, primero en la residencia universitaria de la sororidad y luego en un par de bares de la zona.
A eso de las 11.00 pm, decidió ir andando a la residencia de la fraternidad Chi Phi para reunirse con alguien que consideraba su “amigo”, según la demanda. Llegó “visiblemente ebria, ya que había consumido unas diez bebidas estándar en las últimas tres horas”. Pese a ello, ese “amigo”, que es ahora uno de los acusados, Matthew Ingalls, le propuso hacer un trío con ella y otro de sus compañeros de la fraternidad, de acuerdo con el testimonio de Doe.
“En su estado de embriaguez, la demandante era incapaz de dar su consentimiento a esta propuesta”, reza la denuncia.
A continuación, los miembros de la fraternidad acusados le dieron cerveza, marihuana y ron. Además, la “presionaron” para que esnifara ketamina con ellos, “una droga que ella nunca había consumido antes”. La demanda entonces detalla una serie de agresiones sexuales en las que participaron un total de siete hombres, identificados en la demanda como Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Ninguno de ellos ha sido formalmente imputado de ningún delito.
Alrededor de la 1.42 de la madrugada, uno de los acusados, Newell, envió un mensaje al grupo de Snapchat de Chi Phi invitando a otros a unirse, según una captura de pantalla incluida en la demanda.
La agresión concluyó alrededor de las 5.45 de la madrugada del 20 de octubre de 2024, según el relato de la mujer. Y Doe, descrita en la demanda como “completamente incapacitada” en ese momento, perdió el conocimiento.
Indignación pública
Este caso ha vuelto a poner de relieve el problema persistente de las agresiones sexuales en Cornell y en otros campus universitarios de Estados Unidos, donde las fraternidades y hermandades son una tradición muy arraigada.
El alcalde de Ithaca, la ciudad neoyorquina donde se encuentra Cornell, pidió que se prohibieran los permisos para eventos estudiantiles y eventos especiales a raíz de las “repugnantes” acusaciones. Tanto la gobernadora del Estado, Kathy Hochul, como el senador Chuck Schumer han pedido una investigación independiente sobre la gestión del caso por parte de la universidad. “Lo que ella denunció exigía, desde el primer momento, urgencia, seriedad, y una fuerte búsqueda de la verdad”, ha dicho Schumer.
Las fotos y los datos de los siete acusados llevan días circulando por las redes sociales, mientras crece la indignación de la opinión pública y, en un episodio que guarda paralelismos con los inicios del movimiento #MeToo, varias mujeres comparten sus experiencias de abuso y acoso sexual. El abogado de Doe ha dicho que la mujer “quiere que se rindan cuentas. Su vida ha quedado destrozada”.
La respuesta de la universidad
Con el apoyo de sus amistades, Doe denunció el incidente ante el departamento de policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024, consciente de que lo que le había ocurrido “se estaba haciendo público en el campus” de la universidad.
Ese mismo día, la universidad suspendió temporalmente la fraternidad mientras investigaba las acusaciones. También suspendió a los estudiantes a los que Doe acusaba.
En enero de 2025, Cornell inició una investigación en virtud del Título IX, una ley que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los centros educativos que reciben financiación del Gobierno federal, incluida la mayoría de las universidades. Como resultado, según la demanda de la mujer, en mayo de 2025 se celebraron al menos 12 audiencias ante un comité formado por miembros del cuerpo docente y del personal.
Tras la demanda presentada por Doe, Cornell defendió su investigación sobre las acusaciones. La universidad afirmó en un comunicado el lunes que impuso “una serie de sanciones, entre las que se incluían expulsiones y suspensiones” a los estudiantes acusados, sin dar más detalles.
Sin embargo, el castigo para algunos de los implicados consistió en redactar un ensayo, de acuerdo con la demanda. Thomas Giuffra, el abogado que representa a Doe, ha declarado en varias entrevistas que solo dos de los hombres fueron expulsados.
Las autoridades reabren el caso
Mientras la universidad llevaba a cabo su investigación, la policía del campus solicitó a la Fiscalía del condado de Tompkins, donde se encuentra Cornell, que revisara las afirmaciones de Doe para determinar si los sucesos descritos eran constitutivos de un delito. El fiscal Matthew Van Houten decidió que no había pruebas suficientes para justificar la presentación de cargos penales.
El abogado de Doe afirmó que, tras prestar su declaración inicial, ni la policía ni los investigadores penales volvieron a ponerse en contacto con ella.
Tras presentarse la denuncia, la oficina de Van Houten afirmó que la declaración de Doe en 2024 no dejaba claro que se la hubiera obligado a mantener relaciones sexuales, ni que estuviera incapacitada, aunque se encontrara bajo los efectos de las drogas y el alcohol.
No obstante, CBS News publicó este miércoles en exclusiva parte de la transcripción de la entrevista de Doe con la policía del campus, en la que la mujer diferencia entre el primer encuentro sexual que tuvo aquella noche con lo que ocurrió después: “Puedo afirmar con total seguridad que me violaron”.
El fiscal Van Houten decidió reabrir el caso esta semana tras haber sido “instado por la comunidad a reconsiderar la decisión de presentar cargos penales” contra los presuntos agresores.
En una entrevista con The New York Times, Van Houten reconoció que el relato de la mujer en 2024 había sido creíble, “muy concreto” y “muy detallado”. Sin embargo, añadió que las acusaciones formuladas por la mujer en aquel momento no constituían un delito según la legislación estatal, aunque “todo el mundo coincide en que lo que ocurrió estuvo mal, fue moralmente incorrecto y repugnante”.
EL PAÍS intentó contactar con Van Houten y el abogado de Doe, pero no obtuvo respuesta.
¿Quién es “Jane Doe”?
Es un nombre genérico que suelen adoptar en Estados Unidos las mujeres que quieren guardar el anonimato. Lo que se sabe de esta mujer en concreto es lo revelado en la demanda y por su abogado: es originaria de un pueblo pequeño, situado a unas 1.000 millas de Cornell. Llegó a la universidad para cursar la carrera en agosto de 2022, pero abandonó los estudios después de que, según ella, fuera violada en 2024.
Tras la agresión denunciada, Doe “sufrió lesiones que incluyen, entre otras, un grave malestar emocional y psicológico, humillación, miedo, disociación, ira, depresión, ansiedad, un fuerte impacto en su sistema nervioso, dolor físico y angustia mental, así como daños emocionales y psicológicos”, de acuerdo con la demanda.
