El Congreso de México modificó este miércoles el sistema electoral del país, dando un golpe al Instituto Nacional Electoral (INE), la institución que organiza y supervisa las votaciones y que hace dos décadas ayudó a sacar al país de un régimen unipartidista, consideró The New York Times.
A través del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, se restringirá la capacidad operativa del INE, pues se reducirá su personal, también disminuirá su autonomía y limitará su capacidad de sancionar a los candidatos que quebranten leyes electorales, de acuerdo con el análisis de la reportera Natalie Kitroeff, del diario norteamericano.
Desde la perspectiva del New York Times, esta serie de medidas adoptadas por el presidente de México socavan las frágiles instituciones independientes, y forman parte de un patrón de desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental.
El presidente López Obrador, cuyo partido controla el Congreso, argumentó que estas medidas ahorrarán millones de pesos al hacer que las votaciones sean más baratas y eficientes. Además, las nuevas reglas también buscan facilitar que los mexicanos que viven en el extranjero emitan su voto en línea, aunque aquí algunos críticos ven una posible intervención gubernamental a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
NYT destacó que algunos de los críticos del Plan B, entre ellos algunas personas que han trabajado con el presidente, advierten que los cambios son un intento de debilitar un pilar clave de la democracia de México. Por ejemplo, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, ha calificado de inconstitucional la reforma.
Los partidos de oposición adelantaron su intención de impugnar la reforma electoral, por ello ahora se espera que en los próximos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convertida por López Obrador en otro blanco de sus críticas, evalúe la constitucionalidad de los cambios al sistema electoral.
Sin embargo, el tiempo juega en contra de la oposición, pues acusó a Morena de retrasar intencionalmente la aprobación formal del Plan B para agotar los plazos para acudir a los tribunales, pues la fecha límite para que la Corte se pronuncie sobre este asunto es el 31 de mayo.
Si la reforma se mantiene, los propios consejeros del INE alertaron que podría dificultarse la realización de elecciones libres y justas en 2024, incluida la contienda por la presidencia de la República.
“Lo que está en juego es si vamos a tener un Estado de derecho y una división de poderes”, dijo Jorge Alcocer Villanueva, quien trabajó en la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el gobierno de López Obrador. “Eso es lo que quedaría en riesgo, la certeza de que el voto va a ser respetado”.
Alcocer Villanueva contó que cuando fue coordinador de asesores en Segob, de 2018 a 2021, él y su equipo propusieron analizar posibles cambios electorales, pero el presidente López Obrador decía que no estaba entre sus prioridades.
Luego, el órgano electoral empezó a ser un obstáculo para la agenda del presidente, quien busca que una de sus “corcholatas” siga la agenda de lo que él llama la “Cuarta Transformación”.
El prestigio internacional del INE
El diario NYT destacó que el Instituto Nacional Electoral ganó reconocimiento internacional por facilitar elecciones limpias en México, allanando el camino para que la oposición ganara la presidencia en el año 2000, tras décadas de un gobierno dominado por un solo partido, es decir el PRI.
Sin embargo, desde que perdió la elección presidencial en 2006 por un estrecho margen, López Obrador ha sostenido, sin aportar pruebas, que el INE cometió un fraude electoral, una afirmación que se asemeja a las teorías de conspiración de fraude propagadas en Estados Unidos (Donald Trump) y Brasil (Jair Bolsonaro).
Ante este escenario, la embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington, evaluando las posibles amenazas a la democracia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que hablaron de manera privada.
Aunque algunos legisladores de EEUU han expresado su preocupación por la situación que se puede desencadenar en México con esta reforma, públicamente el gobierno de Joe Biden ha dicho muy poco sobre el tema.
