Miembros del Senado estadounidense denunciaron ante el presidente Joe Biden el cierre de actividades de la mina de piedra caliza Vulcan Materials, que podría contener litio y por tanto enfrenta ya un arbitraje contra el gobierno mexicano bajo el amparo del tratado comercial anterior TLCAN, pero podrá iniciar acciones legales también en el marco del pacto actualizado USMCA, por discriminación y acoso por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y es que las acciones contra está mina de piedra caliza destaca aún más por la reciente aprobación por parte del Senado de México de un proyecto de ley para nacionalizar la minería y extracción de litio. Bajo esta medida proteccionista, las empresas estatales mexicanas tendrán derechos exclusivos para extraer litio, que es un mineral crítico utilizado en la producción de baterías para automóviles eléctricos y otras tecnologías de próxima generación.
En una misiva dirigida al primer mandatario del país vecino del norte, 10 senadores: Bill Hagerty, Rick Scott, Roger F. Wicker, Ted Cruz, Marco Rubio, Richard Shelby, Tommy Tuberville, Bill Cassidy, Roger Marshall y John Cornyn, expusieron el caso que una vez más representa un desencuentro entre la actual administración y el empresariado estadounidense.
Denunciaron que durante más de 30 años, la empresa estadounidense Vulcan Materials Company ha operado una cantera de piedra caliza en tres terrenos contiguos en Quintana Roo y esta instalación ha traído inversiones y empleos bien remunerados a la región. Pero en la administración del presidente López Obrador, el gobierno mexicano ha tomado numerosas medidas arbitrarias y punitivas contra está firma lo que ilustra políticas cada vez más proteccionistas y anticompetitivas que ignoran el estado de derecho.
Así que desde el 2018, Vulcan inició procedimientos de arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) contra México debido a acciones que consideró arbitrarias al tener la prohibición de operar en dos de las tres parcelas que posee en Quintana Roo. Y en enero de este año, el presidente López Obrador comenzó a intensificar las hostilidades, interfiriendo directamente con la capacidad de Vulcan para exportar materiales y haciendo numerosas declaraciones públicas abogando por que Vulcan concluya sus actividades extractivas. Entonces, el 5 de mayo, el gobierno mexicano presentó a Vulcan órdenes de cierre para cesar de inmediato todas las operaciones de explotación y extracción en su única parcela minera activa, a pesar de que Vulcan es dueño total de esta propiedad y posee todos los permisos necesarios para operar, denunciaron.
