Tras el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, en redes sociales comenzó a circular un video en el que supuestamente aparecen las personas que fueron privadas de su libertad el pasado martes 27 de junio.

El secuestro tuvo lugar en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, en las inmediaciones del crucero “Llano San Juan”. En ese lugar se encontraba un grupo de sujetos armados que habría obligado al personal administrativo de la SSyPC descender de la unidad en la que viajaban. Posteriormente fueron trasladados a un punto desconocido.

A un día de lo ocurrido se publicó un clip audiovisual en el que se puede observar a un grupo de masculinos al interior de una finca, quienes se presume serían los hombre secuestrados. Todos están de pie y con la mirada abajo. Aunque no están esposados, algunos tiene sus manos entrelazadas detrás de su espalda. Un individup de camisa de cuadros y lentes -cuya identidad es desconocida hasta el momento- indicó que se encuentran bien de salud.

“Buenas noches. Más que nada, a nombre de mis compañeros quisiera externar que nos encontramos muy bien para que no se preocupen nuestras familias”, expresó el supuesto trabajador de la SSyPC.

Asimismo, se solicitó el apoyo del gobernador Rutilio Escandón para que las personas privadas de la libertad puedan reunirse con sus allegados. En ese sentido, “exigieron” la renuncia de al menos tres funcionarios estatales, sin dar a conocer los motivos de sus peticiones.

“Por otro lado, solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención para que podamos nosotros estar con nuestras familias. Por tal motivo, las exigencias son las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos, de la Secretaría de Seguridad Pública”, expresó el trabajador.

Presuntos nexos con el narco

Orantes Abadía es subsecretario de Seguridad Pública del estado de Chiapas, Yahir Hernández se desempeña como director de la Policía Estatal Fronteriza, mientras que Marco Antonio Burguete es director de la Policía Estatal preventiva. Los dos primeros han sido señalados de presuntamente brindar protección a una de las organizaciones criminales más grandes del país: el Cártel de Sinaloa.

La periodista especializada en temas de narcotráfico, Anabel Hernández, publicó una columna en el medio Deutsche Welle en septiembre de 2022, en la que mencionó que tanto el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional supuestamente protegen al Cártel de Sinaloa en Chiapas.

Lo anterior lo harían en presunta complicidad con el gobernador Rutilio Escandón, así como con Francisco Orante, Roberto Yahir, Jordán Orante Alegría (fiscal de coordinación de la Fiscalía estatal) y Jesús Méndez Rojas (identificado en ese entonces como titular de la Policía Ministerial).

Esta supuesta complicidad entre las autoridades de Chiapas y el crimen organizado ha provocado que el municipio Frontera Comalapa -conlindante con Guatemala- se convirtiera en el centro de operaciones de un sujeto enviado por Ismael El Mayo Zambada para controlar el estado, identificado como “Güero Pulseras”.

De acuerdo con las denuncias consultadas por Anabel Hernández, Güero Pulseras cuenta con casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Teopisca, Tonalá y Pujiltic, además de tener bajo su mando a un grupo de sicarios con armas AK-47, los cuales provienen de Michoacán y Sinaloa.

Se presume que los sobornos dirigidos a las autoridades federales y a los funcionarios de la Fiscalía estatal eran de USD 50 mil, mientras que para los inspectores aeroportuarios iban desde los USD 25 mil. Esto con la finalidad de no intervenir en sus actividades delictivas. Pese a estos señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) no abrió investigaciones al respecto.