Siete organizaciones defensoras de las libertades de prensa y expresión en América Latina condenaron la violencia contra el prensa y llamaron a los Estados a combatirla en un documento publicado este martes en el que afirman: “un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia”.
“El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe”, subrayan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), IFEX-ALC, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Voces del Sur (VdS).
Según un comunicado conjunto, a lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas vinculados a su labor, además de decenas de exilios, encarcelamientos y cierres forzosos de medios.
Hasta este año, cientos de periodistas siguen desaparecidos en la región, agregan.
Las organizaciones identificaron “cuatro tendencias preocupantes” en la región para el ejercicio del periodismo: el resurgimiento de regímenes políticos caudillistas, la desinformación en línea, problemas de funcionamiento en los mecanismos de protección de periodistas y vigilancia y espionaje.
En el caso de los gobiernos que acuñan una retórica antiprensa como herramienta central en sus discursos oficiales “es especialmente crítica la situación en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala”, denuncian las organizaciones.
“Varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo”, dicen.
Sobre las estrategias de desinformación que “buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo”, subrayan que algunos Gobiernos de la región utilizan “ejércitos de troles” y diseminan mentiras o medias verdades.
“Estas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población”, agregan.
En cuanto a los mecanismos de protección apuntan que son un avance pero “no suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación” e instan a fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en los que no tienen esos programas.
Paralelamente, agregan, debe enfrentarse “la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión”.
Sobre la tendencia a la vigilancia y espionaje piden el cese de esas actividades ilegales que “ponen en riesgo a las fuentes periodísticas, amenazan al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubican a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos”.
“Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio”, subraya el comunicado.
La siete organizaciones concluyen con un llamado a los Estados a actuar para que “las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo”.
