Cincuenta migrantes y dos chóferes desaparecieron este martes en las inmediaciones de Nuevo León, hacia donde se desplazaban desde San Luis Potosí, en un autobús que fue encontrado abandonado en el municipio de Galeana, en el Estado norteño. A partir del hallazgo del vehículo, de la empresa EvaTours, las autoridades de ambos Estados iniciaron una investigación que, hasta ahora, se ha saldado con la localización de nueve de los extranjeros secuestrados, procedentes de Venezuela y Honduras. Los hombres, de entre 18 y 35 años, se encontraban en la carretera que une Matehuala y Saltillo, en el kilómetro 73, donde fueros rescatados por agentes de la Fuerza Civil.
El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios, confirmó el martes por la tarde el hallazgo de varias de las personas desaparecidas, todas a salvo, quienes a su vez confirmaron el lugar de los hechos y alegaron que habían logrado escapar de sus captores en San Luis Potosí hasta llegar a Nuevo León. “La Guardia Nacional basa su afirmación en un rastreo satelital que arroja datos incontrovertibles”, expuso en relación a la localización del vehículo y de los migrantes. Las personas rescatadas se encontraban cautivas en un domicilio de Doctor Arroyo, en el Estado de Nuevo León, según ha especificado la Fiscalía General de San Luis Potosí, de acuerdo con los testimonios recogidos.
Además, la institución ha afirmado que están peinando los recorridos del tramo de carretera donde supuestamente desapareció el autobús, en los límites con el Estado del norte. Y también ha solicitado el apoyo del Instituto de Migración federal “para que los migrantes que entren con un permiso de tránsito en el país puedan tener un acompañamiento en su recorrido por todo México”.
El presidente López Obrador se ha referido al suceso este miércoles, durante su conferencia matinal diaria. “Se está trabajando en ello. No podemos decir más por razones obvias, pero se está trabajando en ello”, ha declarado. “Lamentablemente, se presenta que hay bandas que secuestran, por eso también [hacemos] el llamamiento a los hermanos migrantes para que no se dejen engañar, manipular, por los traficantes, por los coyotes, por los polleros”, ha concluido.
Se trata del segundo secuestro y rescate en la zona de Matehuala en apenas un mes y medio. El pasado 6 de abril, la policía localizó a 35 migrantes desaparecidos entre San Luis Potosí y Guanajuato. 23 de las personas rescatadas entonces habían alquilado una camioneta, de la que se perdió el rastro en los aledaños del lugar donde fueron encontradas, en circunstancias muy similares a las que ahora se reportan. Un mes después, el 5 de mayo, se informó del secuestro de un grupo de migrantes colombianos en Sonora, rumbo a Estados Unidos.
Son los últimos episodios de un goteo incesante que se ha recrudecido durante el último año, especialmente en la zona fronteriza con el país del norte. La olla a presión que encarna de facto la gestión migratoria alcanzó su culmen de tensión a finales de marzo, con el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez en el que murieron 40 migrantes y por el que está siendo juzgado el comisionado, Francisco Garduño. Pero es una crisis que no tiene visos de cerrarse pronto.
Hace tan solo una semana que Estados Unidos puso fin al controvertido Título 42, una norma sanitaria recuperada por Donald Trump bajo el pretexto de la pandemia de covid que permitía devolver en caliente a los migrantes que traspasaran la línea divisoria. Desde su cierre, las autoridades estadounidenses han reforzado los más de 3.000 kilómetros de frontera con 24.000 agentes y México ha cerrado temporalmente 33 estancias migratorias, a la espera de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inspeccione sus condiciones. Estos albergues daban cabida a más de 1.300 personas. La suma de factores ha profundizado una situación de por sí trágica, donde la vulnerabilidad de los migrantes sirve de caldo de cultivo perfecto para las mafias que buscan aprovecharse de ella.
