El magisterio de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició una concentración masiva en sus instalaciones en el libramiento norte poniente de Tuxtla Gutiérrez para trazar la ruta a seguir en la exigencia de la activación de la Caja de Ahorro, en cuentas bancarias de mil 846 millones 738 mil 440.21 pesos, congeladas desde el 2020, así como la activación del Fondo Ahorro y Beneficio Social, con una suma de 975 millones 451 mil 015 pesos, distribuido en préstamos otorgados antes de junio del 2020 y que dispone actualmente de una suma de 617 millones 813 m 609 pesos, que podrían ser otorgados en préstamos a las y los trabajadores de la educación.
La organización sindical magisterial que lidera el profesor Pedro Gómez Bahamaca, explica la sección sindical de Chiapas del SNTE que desde el 7 de junio del 2020 cuando se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado No. 0947-A-2020, el decreto de cancelación de los intermediarios financieros, se suspendió la operatividad de la Caja de Ahorro y FABES, que ahora demandan al gobierno federal y estatal su reactivación, y que deben ser devueltos a las y los trabajadores de la educación del Sistema federal en Chiapas, recursos que advierten, lo van a defender según venga la acción de los gobiernos federal.
El profesor José Luis Escobar Pérez, miembro de la sección VII del SNTE, explicó que el propósito es obligar a los gobiernos federal y estatal a establecer la mesa única de negociación, el cumplimiento de las minutas firmadas por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que han hecho caso omiso a resolver la problemática del magisterio, el abanico de acciones lo determinará el magisterio federal durante su asamblea de este jueves y viernes en la capital del estado.
Otras demandas del Magisterio
También exigen la abrogación “de la mal llamada reforma educativa” del gobierno de López Obrador, que implementó “impunemente” la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), y que en el caso de Chiapas ocasionó la cancelación o congelamiento de 33 plazas de los 33 integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, y que deben ser reactivadas.
