El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, adquirió un departamento de lujo con valor aproximado de 30 millones de pesos a tan solo 9 millones de pesos, al comprarlo a una mujer que luego recibió contratos millonarios con la Sedena. 

Una investigación de la periodista Verónica Ayala, de Mexicanos Contra la Corrupción informó que, en el año 2020, el general Sandoval adquirió, mediante traspaso, un departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan. 

El trato fue por 9 millones de pesos, y para pagarlos, Sandoval pidió un crédito al Banco del Ejército.  

Sin embargo, el verdadero valor de este inmueble es muy superior, pues según la investigación, un departamento igual se vende hasta por 30 millones de pesos, aproximadamente. 

El buen precio obtenido por Sandoval por parte de la señora Alejandra Aguilar Solórzano es de llamar la atención. 

También el hecho de que la señora Aguilar, y su hermana, Elisa, son propietarias de la empresa “Protective Materials Technology” (Promatech), proveedora de la Sedena en este sexenio. 

La mencionada empresa obtuvo, en febrero de 2022, un contrato por 319 millones de pesos para el abastecimiento de 48 mil juegos de placas balísticas. 

Ambas, Alejandra y Elisa, son hijas de un militar retirado, Alfredo Aguilar Amezcua. 

La investigación refiere que los datos sobre el departamento se obtuvieron de una declaración patrimonial de Sandoval que hasta ahora había permanecido oculta, por petición del propio general a la Secretaría de la Función Pública. 

En dicha declaración, Sandoval reporta la adquisición de este inmueble, a un 30% de su valor de mercado. 

Se indica que otra empresa de la misma familia, llamada “Macoisa”, fue proveedora de chalecos antibalas y blindaje de patrullas para el gobierno de AMLO en la Ciudad de México, en el año 2001. 

Según la investigación, el contrato obtenido por Alejandra y Elisa con la Sedena estuvo rodeado de irregularidades y, de hecho, la empresa incumplió con el acuerdo, por lo que se decidió la rescisión del mismo.  

Sin embargo, la cancelación del contrato fue frenada por el general Jorge Ambía Minero, director de Equipamiento de la Sedena. Ello, mediante una carta enviada en julio de 2022 en la que se le informa a la empresa que ha decidido concederle “un plazo de espera para que subsane el incumplimiento”.