FGR Debe investigar tráfico y distribución de estupefacientes en negocio clandestino disfrazado de cínica.
Secretaría de Salud y COFEPRIS deben intervenir ante este negocio que opera sin permisos de ninguna índole.
Secretaría de Hacienda también está siendo burlada con evasión fiscal en los altos cobros de este falso negocio.

Lo anunció por todos lados como una filial del Grupo Oceánica y con “personal altamente capacitado”, cuando sólo se trataba de la atención del dueño Román Didier Castillejos López, Coordinador de Prevención y Participación Ciudadana y de un amigo suyo compañero de parrandas, con quien pretendían engatusar a la ciudadanía para internar a familiares en un cuchitril que más bien es un picadero y distribuidor consumado de estupefacientes.

En redes sociales presumió una clínica de lujo llamada CASS, con “acabados finos y espacios dignos” para tratar las adicciones de personas enfermas a costos que van de los 10 mil hasta los 30 mil pesos mensuales por persona, en una red fraudulenta que opera bajo la anuencia de la Fiscalía General del Estado, quien presta a los empleados de la Coordinación de Prevención y Participación Ciudadana para que distribuyan trípticos que en la misma institución imprimen y que, con los recursos económicos de dicha oficina a cargo de Román Didier, se ha llevado a cabo la construcción de un inmueble ubicado en Copoya sin ninguna regulación sanitaria o de obras públicas y menos con las condiciones que fraudulentamente menciona en su falsa publicidad.

El funcionario, quien ha sido acusado reiteradamente por ser un abusador sexual consumado, protegido por la institución donde dice laborar y bajo el manto de la impunidad que le otorga la amistad con el narcopolítico Raciel López Salazar, creó este inmueble con el objeto real de encerrar a jóvenes, hombres y mujeres, para abusar de ellos y de sus familias, según denunció para este medio Germán “N”, quien aseguró haber contratado los servicios de la Clínica y llevar 50 mil pesos en efectivo a las oficinas de este funcionario, con la supuesta “promoción” de que por dicha cantidad albergaría por seis meses a un familiar con problemas de adicción, pero al cumplirse la fecha del internamiento, en el inmueble donde supuestamente operaría la “sucursal de Océanica”, sólo había una casa en obra negra sin puertas ni ventanas y con ninguna intención de ser terminada en breve tiempo.

Ante estos hechos, el señor German “N” acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar que, en dicho lugar, había encontrado a jóvenes drogándose en la obra abandonada, lo que hace suponer, se trata de un “picadero” clandestino y un centro de distribución de drogas de Román Didier y no una clínica formal registrada ante las autoridades de salud y hacienda federal. Por lo cual, pidió se lleve a cabo una exhaustiva investigación toda vez que el servidor público goza de impunidad de parte de la Fiscalía General del Estado pero a la FGR le corresponde indagar los nexos de este funcionario con el crimen organizado y la trata de personas, delitos de los cuales se le ha acusado por distintos medios y jamás ha sido castigado.

La Secretaría de Salud y COFEPRIS, deberían investigar también el giro del inmueble, si cuenta con los permisos como la auténtica clínica de tratamiento Oceánica y si en realidad cuenta con los médicos especializados como se ha publicitado para timar y extorsionar a la gente necesitada. Por lo pronto, acá damos cuenta de cómo es realmente la obra negra de este estafador consumado que ya le ha robado a cuando menos a 20 personas.