Los aguacates se quedaron en los camiones en Michoacán. Los trabajadores de las fábricas no pudieron ir a trabajar en Chihuahua. Los negocios cerraron en Baja California. El impacto económico de las muestras de terror y violencia que desplegó el crimen organizado a finales de la semana pasada en diferentes puntos de México todavía no se ha cuantificado, pero tiene al sector privado en ascuas.

Cuando el viernes pasado, grupos armados tomaron carreteras del Estado de Michoacán, cerca de la ciudad agrícola de Uruapan, la Embajada de Estados Unidos ordenó a sus inspectores que se quedaran en sus oficinas para permanecer seguros, informó Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Esto impidió que los aguacates y otros productos agrícolas de exportación se pudieran vender en el país vecino.

“En esta ocasión no vemos un daño mayor, por lo menos no en las exportaciones”, dice Anaya, “pero cada día crece la incertidumbre en el país ante estos sucesos de que el crimen organizado está sobrepasando las medidas que se están asumiendo en el país”, añade el especialista. En 2020, México exportó más de un millón de toneladas de aguacate a EE UU, el 90% de las importaciones totales del fruto de ese país.

“La autoridad tiene que tomar con seriedad las medidas para que este tipo de situaciones no afecten a la economía y a la gente que está trabajando, que depende de estar produciendo”, apunta Anaya. El domingo, una vez liberadas las carreteras, reiniciaron las inspecciones y, con ellas, las exportaciones del fruto a Estados Unidos. Este es el segundo incidente que sufre el mercado del aguacate en menos de un año. En febrero pasado, el Gobierno de Biden suspendió durante una semana las importaciones, después de que un inspector que trabajaba en Michoacán recibiera amenazas.

Ciudades de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California también padecieron situaciones de violencia la semana pasada, incluyendo la quema de carros y camiones, la parálisis del tráfico vehicular por grupos armados e incluso ataques indiscriminados contra la población que, en el caso de Ciudad Juárez, dejó 11 muertos. En la ciudad fronteriza, medios locales reportaron que las fábricas, muchas de ellas propiedad de compañías extranjeras, trabajaron con menos personal en los días de violencia, ya que las empresas decidieron paralizar el transporte que lleva a los empleados a sus lugares de trabajo.

En Tijuana, Baja California, un importante centro de comercio del país, las calles quedaron desiertas la semana pasada ante la ola de violencia. Restaurantes, negocios y hasta maquiladoras cerraron, asegura Gilberto Leyva, expresidente de la cámara de comercio local, la Canaco. “No tenemos las cifras todavía, pero te puedo decir que el impacto fue bastante grave”, dice Leyva. “Los pocos negocios que abrieron lo hicieron con muchas precauciones. En mis 60 años viviendo en esta ciudad nunca se había visto algo así. Se miraba sola la ciudad”, agrega.