Mujeres embarazadas, niños, niñas, personas de la tercera edad y hombres corrieron por las montañas para salvar su vida, atrás dejaron sus casas, animales de traspatio, sus cultivos de café, plátano, maíz y frijol, y muchos hasta sus muertos, que no pudieron enterrar, narran desplazados desde un campamento improvisado a la intemperie.

En un descampado de un banco de grava de Majomut, una de las comunidades de las montañas de los Altos de Chiapas, entre Polhó y Acteal, no más de un centenar de personas de diversas edades duermen bajo una gran lona que instalaron para protegerse del sol y la lluvia.

Huyeron de sus casas sin poder sacar sus prendas de vestir, ni sus cobijas, ni sus documentos personales; la ayuda humanitaria por parte de las instituciones de gobierno estatal o federal aún no llegaba este miércoles.

Desde hace ocho días, grupos civiles armados que operan en el Sector Santa Martha llegaron a varias casas de diversos parajes en un predio de 27.5 hectáreas y empezaron a quemarlas y sacar a sus ocupantes.

El inicio del conflicto

Tras varios años de disputa de 60 hectáreas de tierras con el vecino municipio de Aldama, por fin lograron 27.5 y ya había ahí ocupándolas un grupo de pobladores, les llamaban “los defensores”, pues empuñaron las armas muchos años para poder recuperarlas de sus antiguos posesionarios o propietarios.

Ellos ya tenían cafetales, platanares, siembras de maíz y frijol, sus casas, sus puercos y gallinas, pero las autoridades del Sector Santa Martha dispusieron que esas tierras tendrían que ser compartidas y repartidas con otras personas, pero como ellos se opusieron, fueron atacados y expulsados de ellas.

Este conflicto se suma a otro donde pobladores de Chenalhó recuperaron 22 hectáreas que estaban en poder de comuneros del vecino municipio de Chalchihuitán, donde, de igual forma, fueron desalojados los que empuñaron las armas para ser repartidas a otros indígenas que también reclaman tierras.

Ahora el conflicto en este municipio de los Altos de Chiapas ya no es contra sus vecinos de Aldama y Chalchihuitán, sino entre ellos mismos, que ahora se disputan las tierras recuperadas. Mientras tanto, decenas de hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas se encuentran en la incertidumbre al no saber qué va a pasar con ellos.

Similar a Acteal

José Vázquez, un indígena defensor de derechos humanos, dice que este conflicto empezó desde el 25 de junio pasado, cuando se dio el primer desplazamiento de familias despojadas de sus tierras, pero que el gobierno nunca atendió el conflicto. Y que esa omisión provocó que llegara hasta este nivel de violencia.

Señala que Leonel Reyes, un funcionario de la Secretaría General de Gobierno, sabía de todo lo que estaba pasando, que las autoridades municipales también lo sabían, pero que nadie hizo nada para evitar lo que está pasando. Y lo que es peor, están viviendo un escenario similar al que se vivió previo a la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, donde fueron asesinados 45 personas adultas y menores de edad.

“Otra masacre como la de Acteal podría suceder si el gobierno no hace algo para solucionar este conflicto”, dice José Vázquez.

Vázquez pide que la Guardia Nacional, que el Ejército, que la policía estatal patrullen los caminos y carreteras, que ingresen a las comunidades para desarmar a los grupos civiles y para garantizar la seguridad a la población.

Señala que se han violentado los derechos humanos de muchas personas en diversas comunidades y que ninguna autoridad hace nada para evitarlo.

Pide ahora que pare ya la violencia y que la paz regrese a las comunidades, donde ahora sólo hay caos y destrucción.