De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2022, en Chiapas existen 688 personas desaparecidas o no localizadas.
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las Casas, son las ciudades que concentran mayores cifras.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, dijo que la impunidad continúa ante el incremento de la violencia criminal en el país. En el estado, la desaparición forzada se acrecentó a partir de la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94.
Dicha estrategia contrainsurgente, indicaron, fue implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares con el cobijo del Estado mexicano para frenar la lucha y resistencia de los pueblos indígenas, que tomaron fuerza a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
De esa acción de guerra son 34 personas desaparecidas en combate de manera forzada.
El Frayba recordó a quienes hace 26 años en la zona baja del municipio de Tila, fueron víctimas del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia”, quien cometió decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y dejó a su paso miles de personas en desplazamiento forzado.
En especial, la desaparición forzada de 37 personas, entre ellas, Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Arcos Guzmán, Encarnación Pérez Pérez, María Rebeca Pérez Pérez, Juan Ramírez Torres, así como Antonio González Méndez desaparecido por el mismo grupo en el municipio de Sabanilla el 18 de enero de 1999.
Además de las ejecuciones de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Torres, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Gutiérrez Peñate, hechos que continúan impunes.
Por otro lado, señaló que en los municipios de la frontera con Guatemala la problemática va en aumento, y los datos del RNPDNO están rebasados frente a la realidad de la desaparición, en medio de una crisis de violencia provocada por grupos criminales, frente a la omisión y/o tolerancia del Estado mexicano.
La frontera es también refugio de familias guatemaltecas que han vivido por décadas sin poder legalizar su estancia, misma situación comparten familias en movilidad internacional forzada, por lo que sin duda existe un número mayor de personas desaparecidas que difícilmente serán encontradas en los registros oficiales, en medio de la invisibilización de su estatus migratorio, expuso el Frayba.
Ante lo expuesto, subrayó que es notable la poca o nula capacidad del gobierno del estado. Tras dos años de falta de voluntad política, se instaló el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas el pasado 9 de agosto de 2022.
Lo anterior, enfatizó que denota irresponsabilidad y poca sensibilidad en atender esa demanda pendiente de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, en un contexto nacional de profunda crisis de derechos humanos, con un registro de más de 100 mil desaparecidos en el país.
