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Denuncian acoso y tráfico de influencias en la Delegación del ISSSTE en Chiapas

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Empleados precisan que Manuel Río Vent, acosa laboralmente al equipo de trabajo con malos tratos y amenazas con despedir a integrantes de esa unidad médica.

Un grupo de empleados de hospital de tercer nivel del ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez, exigen a las autoridades correspondientes el cese del director, Manuel del Río Vent, a quien lo denuncian por acoso laboral, tráfico de influencias y nepotismo, los afectados argumentan que existe mal manejo de los recursos en dicho hospital y acoso laboral al equipo de trabajo de dicha delegación.

Afirman que es una tristeza rotunda saber que la Delegación del ISSSTE en Chiapas está bajo el control de abogados incapaces que llegan a cubrir un puesto por recomendaciones familiares y de directores fraudulentos enviados desde la Ciudad de México como lo es José Febo Trujeque, que contrató a Manuel Río Vent, quien acosa a empleados para que renuncien y poder incorporar a personal de su conveniencia.

Precisan que Manuel Río Vent, acosa laboralmente al equipo de trabajo con malos tratos y amenaza con despedir a integrantes de esa unidad médica y a otros orillarlos a presentar quejas ante el órgano interno de control, señalan acusaciones a diversos compañeros por hacer negocios con juicios laborales.

Afirman que hacen convenios en dichos juicios manejados por Manuel del Río Vent, y una abogada que ingresó por ser recomendada María Luisa del Río Vent, quien ahora se encuentra como jefa de la Delegación en el estado de Yucatán.

Los quejosos señalan a Manuel Río Vent hace convenios por intereses personales del jefe de esa unidad, así como la abogada Verónica Lizeth Colomo, que es la encargada de hacer las citas personales con los abogados que llevan los juicios de manera particular en contra del ISSSTE en la entidad.

Por lo tanto, los laudos a pagar de montos millonarios por parte del ISSSTE son con el despacho Cabrera y Asociados donde la abogada trabajó más de 10 años, todo con autorización del jefe de esa unidad, situación que está generando perjuicio económico e inestabilidad laboral, no obstante la obligación de cumplir con legalidad y transparencia, sobre todo, para enfrentar la pandemia del SARS COV2 (COVID 19).