Los contratos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contradicen el discurso presidencial en términos de moralidad, señaló el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

“Desde el punto de vista legal, la empresa (Cyber Robotic Solutions) puede contratar con el gobierno. La pregunta es si esto es inmoral porque la perspectiva que la propia administración ha planteado es que lo inmoral es todavía peor que lo ilegal. El gobierno planteó, por ejemplo, que si alguien tiene una dudosa reputación era mejor no contratar a ese proveedor”, dijo Bohórquez en entrevista.

Latinus publicó que pese al incumplimiento de contratos y el intento de la Secretaría de la Función Pública por inhabilitarla, la empresa Cyber Robotic Solutions, de León Manuel Bartlett, hijo del director de la CFE, lleva adjudicados cinco contratos en 2022 por 26.4 millones de pesos.

La empresa de Bartlett Jr. ha conseguido contratos millonarios en la administración de López Obrador a través de instituciones como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el IMSS y el ISSSTE. De acuerdo con Compranet, de 2019 a la fecha, el gobierno federal le ha otorgado a Cyber Robotic Solutions un total de 34 contratos por 378.3 millones de pesos.

Dicha compañía es la misma que en 2020 entregó ventiladores usados al IMSS para tratar a pacientes con Covid-19 y dio información falsa para ganar contratos, por eso fue inhabilitada y multada en tres ocasiones por la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, en diciembre de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una medida cautelar a la empresa para dejar sin efectos la inhabilitación hasta que haya una resolución final.

La mayoría de los contratos se han otorgado por adjudicación directa porque Cyber Robotic Solutions es proveedor único de insumos para la salud del fabricante Intuitive Surgical Inc., de acuerdo con las actas de justificación de las instituciones públicas.

Bohórquez aseguró que se debe revisar un posible tráfico de influencias, pues las contrataciones que se han otorgado son legales porque aún no se acredita una sanción administrativa como la inhabilitación.

Destacó además que es una mala práctica de las empresas tener proveedores exclusivos en cada país porque propician un mercado no competitivo.