El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, rindió un informe detallado de la demanda de carácter civil en Florida, Estados Unidos (EEUU), con la que el Gobierno de México pretende recuperar aproximadamente USD 700 millones, presuntamente extraídos de manera ilícita por una red de corrupción auspiciada por Genaro García Luna “para beneficio personal y de sus cercanos”.
Desde la conferencia matutina, Gómez Álvarez informó que la Unidad identificó dicho esquema de peculado auspiciado por el ex Secretario de Seguridad Pública (SSP), quien actualmente enfrenta un juicio penal en la Corte de Brooklyn por narcotráfico y delincuencia organizada.
Según el funcionario, la red habría extraído del erario público USD 745.9 millones a través de un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países logró obtener 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México. No obstante, la Unidad estima que la red podría contar con más operaciones financieras: “No hemos terminado”, aseveró.
“Ellos (los implicados) no tenían recursos en el Estado Financiero Mexicano, sino utilizaban el Estado Financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas”.
Así pues, detalló Gómez, los millonarios recursos obtenidos mediante dichos convenios eran transferidos al extranjero a través de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, precisamente, en territorio norteamericano del estado de Florida.
“El dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, especialmente Barbados”, enfatizó.
“Estos beneficios fueron extraídos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles en el territorio norteamericano, en el estado de Florida”.
Cabe señalar que el entramado del “super policía” del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) habría operado durante y posterior a su ejercicio en el Gabinete Federal calderonista. Hasta el momento, la UIF ha identificado a siete posibles implicados en la red de peculado, además de García Luna.
Se trataría de las personas físicas Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Winberg, Natan Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Aunado a ello, la Unidad señaló a 44 empresas presuntamente utilizadas en la trama de corrupción y dio a conocer que hasta el momento la Corte norteamericana ha asegurado inmuebles con valor superior a los USD 17 millones 930 mil.
Asimismo, el Gobierno buscará recuperar un aserie de muebles valuados en USD 21 millones 725 mil 419, que fueron vendidos antes del inicio del juicio civil. Y por último, Gómez expuso el listado de 42 vehículos que “llamaron mucho la atención” por ser adquiridos “con el dinero defraudado al pueblo de México”.
En la lista destacan modelos tipo Honda, Jeep, Toyota, FIAT o Mini Cooper, así como unidades de lujo como Lamborghini, Maserati, Mustang de colección, Audi, Jaguar, Tesla y algunas motocicletas.
“Es una lista parcial. Es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas. Porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado”, aseveró el funcionario.
La demanda civil por parte del Gobierno Mexicano se interpuso el pasado 21 de septiembre del 2021 en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Florida.
Esto, antecedido por una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México, el 24 de diciembre del 2019, en contra de las personas implicadas — cuyas cuentas fueron bloqueadas — por delitos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
En ese sentido, Pablo Gómez afirmó que los procesos legales en territorio mexicano continúan su curso y adelantó que el Gobierno buscará que también se abarquen “los peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna” y las cuales operaron durante 20 años, incluido en el sexenio del ex presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018).
