La ausencia de evidencia bancaria que sustente las imputaciones de fraude, sumado a varios retrasos por la pandemia sanitaria, han complicado la posible extradición de Karime Macías del Reino Unido a México y, con ello, el arranque del proceso penal en su contra por los pagos que el DIF de Veracruz realizó a una amplia red de empresas fantasma.
Mientras tanto, el destino de los más de 400 millones de pesos que fueron desviados con ese mecanismo sigue sin ser esclarecido y el caso permanece impune.
Originalmente, se tenía previsto que la decisión de conceder o no la extradición solicitada por México desde hace mas de dos años sería anunciada por un tribunal británico en noviembre de 2020, lo que no ocurrió. Y aunque el juicio de extradición oficialmente marcha en el Reino Unido, no existe ahora una fecha tentativa para su resolución.
La ausencia de evidencia bancaria que sustente las imputaciones de fraude, sumado a varios retrasos por la pandemia sanitaria, han complicado la posible extradición de Karime Macías del Reino Unido a México y, con ello, el arranque del proceso penal en su contra por los pagos que el DIF de Veracruz realizó a una amplia red de empresas fantasma.
Mientras tanto, el destino de los más de 400 millones de pesos que fueron desviados con ese mecanismo sigue sin ser esclarecido y el caso permanece impune.
Originalmente, se tenía previsto que la decisión de conceder o no la extradición solicitada por México desde hace mas de dos años sería anunciada por un tribunal británico en noviembre de 2020, lo que no ocurrió. Y aunque el juicio de extradición oficialmente marcha en el Reino Unido, no existe ahora una fecha tentativa para su resolución.
“Los británicos consideraron que el expediente original enviado por México estaba incompleto. Pidieron evidencia bancaria que no era precedente y hubo un replanteamiento para que el caso se sostenga. Se consiguió, pero tomó mas tiempo del pensado”, dijo un funcionario federal que ha participado directamente en el procedimiento.
Además, el surgimiento de evidencia sobre posibles irregularidades en las pruebas de la Fiscalía y el alargamiento de audiencias por la pandemia de COVID-19 también ha retrasado la resolución de un juicio de amparo con el que Macías pretende anular la orden de aprehensión girada en su contra, indicó su equipo de defensa.
Fue el 27 de mayo de 2018 cuando la Fiscalía General de Justicia de Veracruz informó que había obtenido de una jueza local una orden de aprehensión en contra de Macías por el delito de fraude, derivado del posible desvío de 112 millones de pesos en contratos que el DIF de la entidad entregó a una red de empresas fachada durante su gestión.
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