Un espacio sin luz, sin ventilación y sin salidas de emergencia, prácticamente una bodega, así era la estación migratoria provisional de Ciudad Juárez. Las condiciones de este espacio de alojamiento temporal a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) lo convertían en una bomba de tiempo a la espera de una tragedia, y así sucedió; la noche del lunes 27 de marzo un incendio ocasionó la muerte de 39 personas migrantes.

El lugar de la tragedia que ha conmovido al país está a unos metros de la frontera con Estados Unidos, país a donde miles de migrantes buscan llegar, pero no todos los logran. Tras recorrer cientos de kilómetros algunos son interceptados por miembros del INM y, tras no acreditar su estancia regular, son llevados a un alojamiento temporal en el que no deben estar más de 36 horas.

Para otorgar ese alojamiento temporal, el instituto cuenta con 348 estancias migratorias provisionales. Y para los expertos, se debe considerar que si ninguna de las 35 estaciones migratorias fijas que se ubican en 26 estados del país gozan de condiciones dignas, menos las temporales.

Alberto Xicontécatl, director en Casa del Migrante de Saltillo, explica que esa estación migratoria temporal era una bomba de tiempo y así se lo advirtió a la autoridad, pero no hicieron caso.

“Hace un par de meses fuimos a Ciudad Juárez; tuvimos la oportunidad de ingresar a la estación provisional que es donde ocurre la tragedia. Lo que advertimos fue que era un espacio sin ningún tipo de iluminación natural, sin ningún tipo de ventilación; es decir, no hay una sola ventana en el lugar y se advirtió que no había salidas de emergencia y todo esto lo sabía la autoridad; se le dijo a la autoridad desde la sociedad civil, que es (era) una bomba de tiempo, pero la mayoría de las estaciones provisionales son bombas de tiempo”, afirma.

En ese espacio que se vivió el incendio había 66 personas migrantes, quienes formaban parte del proceso que el INM debe seguir cuando se identifica a un extranjero en condición irregular, que va desde la detención en un alojamiento temporal hasta el retorno asistido.

Debido al costo que representa establecer una estación migratoria, el Instituto suele establecer espacios temporales para albergar a quienes no logran acreditar su estancia regular, pero para ello, no hay ningún requisito a cumplir: una cochera, un espacio sin ventilación o sin puertas de emergencia sirve para alojar a extranjeros.

Aunque en esencia los migrantes no incurren en un delito, son privados de su derecho al libre tránsito. El INM asegura que no se trata de una privación de la libertad sino una “restricción al libre tránsito”, derecho consagrado en el artículo 11 constitucional .

Mientras se realiza el proceso para que un migrante pueda ser regresado a su país, éste queda en resguardo de las autoridades.

Las estancias se convierten así en su nuevo hogar, sin embargo, estos espacios no cuentan con condiciones dignas. Quien atraviesa por una de ellas puede considerarse víctima de privación y hasta de tortura.

“La privación de libertad en las estaciones migratorias o en las estancias provisionales causa prácticamente las mismas consecuencias que tienen personas que han sido torturadas psicológicamente. Hemos denominado esos espacios como espacios torturantes”, afirma Alberto Xicontécatl.

Si bien migrar no es un delito, cuando un extranjero no acredita su condición regular, es llevado a las estaciones migratorias.

Rafael Soler Suástegui, especialista en temas de migración y maestro de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, sostiene que México trata a los migrantes como delincuentes.

“A los migrantes se les trata como delincuentes en México, esa es la realidad. Se les priva de la libertad, las estaciones migratorias son eso, privación de la libertad cuando evidentemente no han cometido ningún delito”, sostiene.

Hacinamiento, mala calidad de alimentos, falta de higiene, deficientes instalaciones sanitarias, incomunicación, falta de asesoría, maltrato y hasta tortura es parte de lo que enfrentan quienes son llevados a una estación migratoria.

“Hay incomunicación; la gente no puede comunicarse con su familia, no hay derecho a la información; la gente no sabe por cuánto tiempo va a estar ahí, qué procedimiento sigue, a dónde los van a enviar y eso causa demasiada incertidumbre. Además, se trata de la privación de la libertad por una falta administrativa, que no es delictiva”, agrega el director de Casa del Migrante de Saltillo.

En las estaciones migratorias temporales el hacinamiento es una constante. En espacios destinados a 60 personas albergan hasta 180. También el maltrato suele ser común.

“En Piedras Negras, los vecinos están muy preocupados por lo que sucede en la estación migratoria, pues nos han dicho que en las noches se oyen gritos, se oyen golpes”, agrega Alberto Xicoténcatl.

Lo que sucede en las estaciones migratorias no es nuevo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones de la sociedad civil y activistas han alertado sobre las condiciones inhumanas que prevalecen en esos centros.

“Quitándole los eufemismos, son cárceles, se les pone otros nombres a las personas que están ahí se les da otra denominación, pero en realidad son cárceles. Naciones Unidas, ACNUR apuntan que la detención y privación de la libertad debería ser el último recurso para migrantes, sin embargo no es así”, sostiene Soler.

A pesar de la denuncia recurrente de lo que pasa en esas estaciones y de reconocer que lo sucedido en la estación migratoria de Chihuahua fue una tragedia, la noche del miércoles 29 de marzo, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, consideró que la política migratoria de México es respetuosa de los derechos y considera el libre tránsito de las personas, por lo que “no tiene nada que ver con lo ocurrido en Ciudad Juárez”.