“Creo que se debe poner orden. Tiene que haber legalidad, que no haya tráfico de personas”. Esa fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la muerte de 51 migrantes mexicanos y centroamericanos en la caja de un tractocamión a las afueras de San Antonio, Texas, este 27 de junio. Funcionarios de San Antonio dicen que este es el peor caso de, lo que se sospecha, fue tráfico de personas.
El lamentable suceso, un reflejo más de la desesperación que viven millones de personas en el hemisferio quienes huyen de la violencia y de la pobreza, le dio la oportunidad al mandatario mexicano de hablar sobre la política interna de Estados Unidos.
“Ah, pero como vienen las elecciones, tanto uno como otros, y unos todavía más extremistas, agarran de bandera el rechazo a los migrantes, para sacar votos. Trafican con el dolor de la gente”, dijo en conferencia de prensa.
Solo que el presidente López Obrador parece haber olvidado que en México -su propio país- también hay personas que trafican con el dolor de la gente, como, al menos, ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración basados en Nuevo León que fueron separados de sus cargos por haber estado vinculados con el caso Camargo Tamaulipas, suscitado el 21 de enero de 2021.
Y es que, al día de hoy, pese a las promesas del gobierno federal y del gobierno de Tamaulipas, el caso permanece envuelto en el misterio.
