Con un espectáculo de bailes prehispánicos y botargas en una cancha de fútbol, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a finales del año pasado la estrategia de su Gobierno para albergar la Copa del Mundo 2026. “Es un momento no solo para ver el mejor fútbol, sino también para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México, un pueblo orgulloso y empoderado”, declaró en ese entonces la mandataria, mientras sostenía en su mano un balón oficial de la competición. A seis meses de aquello, el país se prepara a marchas forzadas para ser anfitrión del evento deportivo más sintonizado globalmente, en medio de protestas por inseguridad, amenazas de “boicot” y sombras de huelgas educativas. De campesinos a maestros y pasando por transportistas, son solo algunos de los sectores que han amagado con entorpecer los encuentros deportivos si la Administración no resuelve sus demandas antes de la ceremonia inaugural del torneo, el 11 de junio.
Las advertencias de boicot surgieron desde principios de año, sin embargo, se han agudizado a medida que se acerca la fecha inaugural de una copa que supuestamente atraerá a más de cinco millones de visitantes y los reflectores de todo el mundo. Las autoridades mexicanas han asegurado, pese a las protestas, que la seguridad en las ciudades sedes de la competición —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— está garantizada y que los 13 encuentros agendados se llevarán a cabo con éxito. No obstante, los colectivos tienen otra lectura. “Justicia para el campo, precios justos, freno a las importaciones”, arengaba este miércoles un grupo de productores de maíz en una de las principales avenidas de Ciudad de México.
Los campesinos aseguran que, si el Gobierno no atiende sus demandas, impedirán el acceso a los partidos del Mundial de Fútbol. “Que quede muy claro que en este momento estamos en el punto de negociar, pero si no hay negociación, el campo se va a levantar”, refirió uno de los líderes agrícolas este miércoles ante los aplausos de sus compañeros. Los agricultores han denunciado una veintena de veces la falta de apoyo oficial, la competencia desleal que suponen las importaciones y la creciente inseguridad en el país. Aunque el Ejecutivo ha activado un plan para organizar el sistema de producción y comercialización del maíz blanco, los productores exigen más mesas de negociación.
A las demandas del campo se suman las de los controladores aéreos. Con las consignas de “Seguridad sin austeridad”, este miércoles, un grupo de trabajadores sindicalizados acudió a las puertas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la capital para denunciar la falta de personal, bajos salarios, turnos extenuantes de más de 35 horas y falta de capacitación. Los trabajadores advirtieron de que operan en mínimos, lo que es una violación a sus derechos laborales y un riesgo de seguridad. A 22 días del banderazo de salida que atraerá a millones de viajeros, los controladores aéreos han amenazado con irse a huelga.
La presidenta Sheinbaum descartó este jueves que el conflicto laboral de los controladores vaya a más. “Es parte de su revisión [del contrato colectivo], los está atendiendo muy bien el secretario de Comunicaciones e Infraestructura”, declaró la mandataria en su rueda de prensa matutina.
Al ser la primera edición compartida entre tres países: México, Estados Unidos y Canadá, la Copa del Mundo 2026 aspira a ser el torneo más ambicioso de la historia: el más grande hasta ahora, con mayor número de selecciones y mayor generación de riqueza. Sin embargo, antes del saque inicial en el Estadio Ciudad de México –reconocido como el mítico Azteca–, el Gobierno de Sheinbaum deberá resolver los problemas jugando como local. A medida que se acerca el torneo, las protestas se han convertido en un pulso que busca transar la urgencia del calendario de partidos por concesiones concretas de la mandataria.
El grupo de los transportistas y productores agropecuarios es probablemente el que mayor riesgo supone para el encuentro, que también se traducirá en una derrama billonaria para el país. Este sector, liderado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), también aparcó desde la mañana del miércoles sus camiones y tractores en el Paseo de la Reforma, una de las vías más céntricas y turísticas de la capital. El bloqueo desencadenó enfrentamientos con las autoridades, y la promesa de reagruparse el 11 de junio. “Nos vamos a organizar para el Mundial, para expresar la inconformidad y que el mundo sepa en qué país vivimos, donde no se resuelve absolutamente nada”, sostuvo David Estévez, presidente de la ANTAC, denunciando que la Administración de Sheinbaum no ha cumplido su parte de los acuerdos.
Las manifestaciones del sector se han presentado desde el año pasado, ante una combinación de factores que está erosionando la rentabilidad y seguridad del campo mexicano, donde el encarecimiento de fletes, seguros, fertilizantes y combustibles se une a las amenazas de la inseguridad en las carreteras. La Secretaría de Gobernación ha reiterado que respetará el derecho a la protesta, pero llama al diálogo para evitar los cierres de las avenidas. “Se exhorta a que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos y acciones que interrumpan el libre tránsito”, dice.
Un escenario de caos en el primer día del campeonato, elevaría el riesgo no solo logístico, sino que también opacaría la imagen de México en un contexto de máxima exposición internacional, con efectos que podrían impactar en el turismo, la inversión y la percepción de estabilidad del país. “Desde la perspectiva geopolítica, se han utilizado los grandes eventos deportivos como una forma de poder blando, en que las instituciones deportivas actúan como agentes geopolíticos, los países buscan ganar prestigio e incluso las autocracias pretenden mejorar su imagen”, escribe Jordi Bacaria, director de Foreign Affairs Latinoamérica, una publicación del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR por sus siglas en inglés) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
En la preparación del torneo, un primer episodio encendió los cuestionamientos sobre si el país está preparado para garantizar condiciones de seguridad y libre tránsito para los espectadores. El abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de violencia en varios estados, con especial intensidad en Jalisco y su capital, Guadalajara, una de las sedes mundialistas. En coordinación con la FIFA, el equipo de seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, ha anunciado un despliegue reforzado que incluirá más de 100.000 uniformados, drones, helicópteros y aeronaves, en un intento por blindar tanto los estadios como las principales rutas de acceso.
Y en medio de todo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gremio de los maestros, ha anunciado que también prepara una huelga general el 1 de junio, en rechazo a la propuesta de incremento salarial del 9% ofrecido por el Gobierno. Retando la paciencia de los ciudadanos que deben cumplir con su día a día, y de los fanáticos que esperan disfrutar de los festivales, transmisiones en vivo y fiestas patronales, la CNTE convocó a marchar por el Paseo de la Reforma e instalar un plantón en el Zócalo, la plaza mayor de la ciudad.
La presidenta ha asegurado múltiples veces que “nada” va a pasar en el Mundial, lamentando que los manifestantes se alejen del diálogo. Sin embargo, el país se encuentra lastrado por un bajo crecimiento económico, mayores precios al consumidor y menores ingresos, lo que estrecha el margen de maniobra de la hacienda pública y limita su capacidad para atender las demandas de apoyo de los sectores en conflicto. En ese cruce de presiones, y a contrarreloj, el Gobierno enfrenta el desafío de evitar que esta vitrina global se convierta también en el escenario donde sus disputas sociales queden expuestas, en vivo y en directo.
