Angelina Díaz Méndez, alcaldesa constitucional del municipio de Aldama en el estado de Chiapas, denunció que fue obligada a renunciar a su cargo tras recibir amenazas de violación y de muerte.
La edil, quien llegó al mando como parte del Partido Verde de México (PVM) presentó su denuncia formal ante la Fiscalía de Delitos Electorales de Chiapas para que se castigue a quienes le han amenazado para dejar el cargo en la entidad donde predomina la población indígena tzotzil.
“Me obligaron injustamente bajo presión y con amenazas de prenderme fuego, en presencia de la asamblea y ser agredida sexualmente sino accedía a firmar mi renuncia voluntaria como presidenta municipal, para imponer un concejo municipal, violentando con estas acciones mis derechos como mujer”.
Cabildo acusa que por desvío millonario renuncia; ella defiende que es por amenazas
El pasado 30 de enero la alcaldesa acudió a una asamblea municipal en donde fue obligada a renunciar y le pidieron llaves ocupadas para realizar movimientos de dinero de la entidad, pues de no hacerlo la violarían y quemarían hasta la muerte.
“Si no quiere firmar, ahí está la gasolina, dijeron, o si no, dice, saber cómo le va a ir a la presidenta”, le dijeron durante la reunión en la que únicamente participaron hombres.
Mientras que ella fue amenazada para dejar el puesto, el cabildo la acusa por el desvío de 13 millones de pesos a través de presuntas obras públicas, motivo por el que la habrían citado y pedido su renuncia.
Díaz Méndez resultó electa el pasado 6 de junio del 2021 como presidenta municipal para el periodo 2021-2024; sin embargo la obligaron a dejar el cargo y fue nombrado Alonso Pérez Santiz, como presidente concejal, y Gilberto López Lunez, como síndico municipal.
Es de señalar que Aldama se rige por “usos y costumbres” y de acuerdo a la propia alcaldesa, fueron los hombres tzotziles quienes se habrían sentido amenazados de que una mujer los mandara y les dijera qué hacer.
La alcaldesa dijo que los miembros de la comunidad están violentando sus derechos como mujer y están trasgrediendo la equidad de género que debe de prevalecer. Subrayó que la comunidad de Aldama, en donde la mayoría de habitantes son mujeres la eligieron como presidenta municipal, así que también están afectando sus compromisos con la ciudadanía y las autoridades federales y estatales.
En la denuncia que presentó la alcaldesa pide al Congreso de Chiapas que no se acepten los acuerdos de la asamblea ni se reconozca al concejo municipal nombrado, ya que ella no quiere dejar de ser la alcaldesa de Aldama y que la única razón por la que cedió fue por las amenazas.
Asimismo pidió que se le ponga un alto a las personas que encabezaron las agresiones y amenazas que hicieron en su contra, acusando que ganó las elecciones de Aldama, entidad que en julio de 1998 se independizó de Chenalhó.
Por su parte, la comitiva de mujeres profesionistas y activistas 50 + 1 Chiapas se pronunció, reiterando que las acciones de violencia, basadas en elementos de género y que “tienen por objeto anular el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de Angelina, constituyen violencia política de género”.
Dicha violencia está reconocida en la fracción IX del artículo 49 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
La comitiva detalló que en el artículo 58 de dicha Ley se indica que por la violencia política en razón de género las autoridades deben aplicar medidas de protección necesarias, por lo que exigen:
“A la brevedad se emitan las órdenes de protección de emergencia y las órdenes de protección preventivas en favor de Angelina Díaz Méndez, en razón del riesgo en que se encuentra y en función de su seguridad e integridad personal”.
