El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó este miércoles responder a las preguntas de la Fiscalía General de Nueva York, que investiga al expresidente estadounidense por las prácticas empresariales de su compañía y que lleva meses tratando de lograr hablar con él.

Para ello, el exmandatario apeló a la Quinta Enmienda, que protege a las personas de ser obligadas a testificar en su contra en un caso penal.

Por lo general, las personas no tienen el derecho constitucional a evadir preguntas en una demanda civil, pero el equipo de abogados de Trump luchó durante meses contra los intentos de la fiscal Letitia James de interrogarlo, alegando que la investigación paralela de la fiscalía de distrito creaba el riesgo de que Trump pudiera enfrentar cargos penales.

La Quinta Enmienda es una norma del siglo XVIII que establece que ninguna persona puede ser obligada a testificar contra sí misma y fue creada para evitar que las personas se incriminaran a sí mismas, en un juicio o interrogatorio policial, tras ser víctimas de tortura.

Como surge con esta finalidad, el privilegio sólo es válido para las personas, las sociedades empresariales o asociaciones no pueden acogerse a la Quinta Enmienda.

De acuerdo con la Escuela de Leyes de la Universidad de Cornell la enmienda, que fue ratificada en 1791 como parte de la Carta de Derechos de Estados Unidos, tiene cuatro ejes que protegen a los imputados de cometer un delito: el derecho contra la autoincriminación forzada, el derecho a un gran jurado, el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito y el derecho al debido proceso.

Con ella, las personas que enfrentan procesos legales pueden negarse a contestar preguntas, a hacer declaraciones potencialmente incriminatorias o a testificar en un juicio.

Los implicados también pueden negarse a generar o entregar documentos que sean autoincriminatorios ya que la enmienda sólo regula las pruebas testimoniales, otros elementos probatorios, como los mencionados documentos, las muestras de sangre o tejidos, así como huellas dactilares, no están incluidos dentro de los privilegios de la norma.

Es por ello que documentos hallados en una búsqueda o allanamiento y que hayan sido elaborados voluntariamente, como los reportes de pago de impuestos de un negocio, pueden emplearse dentro de los juicios como pruebas.