El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó este lunes la expropiación de 36 inmuebles privados en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en el estado de Quintana Roo, para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.
Los terrenos expropiados suman una superficie de un millón 93 mil 118.93 metros cuadrados, que a partir de este 1 de agosto pasan a ser propiedad de la Federación para la ejecución del Tramo 5, subtramos norte y sur.
Pero, ¿qué implicaciones tiene esta decisión? ¿Es legal esta expropiación?
De acuerdo a lo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el titular del Ejecutivo justificó la expropiación de estos terrenos en el artículo 27 de la Constitución Política de México, que señala que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
Asimismo, en el artículo 28, en su párrafo cuarto, que señala expresamente que “…los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”.
¿Qué terrenos fueron expropiados?
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de los propietarios de los 36 inmuebles. Sin embargo, sí se informó el polígono donde se encuentran estos terrenos; así como la cuenta catastral de los mismos.
29 de estos inmuebles se encuentran en el municipio de Solidaridad; tres más en Tulum, dos se localizan en el municipio de Benito Juárez y otros dos en Puerto Morelos.
La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren dentro de los terrenos y que formen parte de ellos.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) procederá a la ocupación inmediata de estos terrenos.
¿Cuánto se pagará por los terrenos?
En la publicación realizada este lunes no se puntualizó el monto exacto que pagará el gobierno de AMLO a los propietarios de las tierras.
Lo que sí se dio a conocer es que será la SEDATU la secretaría encargada de cubrir el monto de la indemnización que en términos de ley debe pagarse a quienes acrediten la legítima propiedad de las tierras.
Estos montos serán calculadas de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Los dueños que no estén conformes con la cantidad ofertada, podrán impugnar ante las autoridades correspondientes, de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Expropiación.
Este procedimiento jurídico solo puede ser utilizado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del decreto.
¿Respuesta de AMLO a segunda suspensión vs. construcción del Tren Maya?
Este lunes también se dio a conocer que juez de Yucatán concedió una segunda suspensión definitiva a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya por lo que se podría pensar que extradición de estos 36 terrenos es una respuesta del gobierno de AMLO.
No obstante, desde abril de 2022, Javier May Rodríguez pidió a la SEDATU que llevara a cabo “las acciones necesarias para la adquisición de aquellos inmuebles que se requieren para el tramo 5 norte y sur del proyecto Tren Maya”.
Más tarde, en junio de 2022, SEDATU publicó una “declaratoria de utilidad pública” sobre un millón 383 mil 122.91 metros cuadrados de propiedad privada en los mencionados municipios.
