Las estadísticas sobre el número de los periodistas asesinados en lo que va del gobierno del presidente López Obrador varía. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoce 52, Artículo 19 afirma que son 28 y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) 13.
Todos coinciden en señalar los altos niveles de impunidad de los asesinatos. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, dice que es de más del 90 %. El porcentaje no ha variado con relación a los gobiernos anteriores.
Los organismos internacionales y los especialistas que estudian el tema asocian el incremento del asesinato de los periodistas con los altos niveles de impunidad. Los asesinos saben que pueden matar sin que les pase nada.
El asesinato de los periodistas y la impunidad atenta contra la libertad de prensa, que es un bien público y un patrimonio común en toda sociedad democrática. En México esa libertad está bajo amenaza.
En una entrevista de Víctor Gamboa a Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, éste le asegura que el 50 % de las agresiones contra los periodistas provienen de autoridades municipales (
Y afirma con honestidad que “lamentablemente la impunidad que nos acecha es en toda la agenda nacional de derechos humanos, no solamente en términos de los agravios hacia personas defensoras y periodistas, también en casos de la desaparición de personas, de tortura, en caso de trata, de feminicidios y en la mayoría de los delitos (…)”.
