El icónico edificio El Moro, sede de la Lotería Nacional, tiene inutilizables 10 de 18 pisos con muros cuarteados que permiten mirar de lado a lado. Es la metáfora de lo que fue una institución con 252 años de historia: saqueada en los últimos sexenios y ahora, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en quiebra y eliminada como tal para ser renombrada Pronósticos para la Asistencia Pública.

La historia del derrumbe de la Lotería Nacional es larga. Habría que empezar por su edificio sede que en 2017 se cimbró de tal forma por el sismo de septiembre de ese año que dejó cuarteaduras por doquier. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) elaboró un dictamen en 2019 donde advirtió la urgencia de corregir los daños para no poner en peligro a empleados y quienes van a presenciar los tradicionales sorteos. Hasta ahora, julio de 2022, no han comenzado las obras.

Creada por decreto presidencial el 16 de agosto de 1920, la Lotería Nacional se aproxima a un aniversario más en medio de la incertidumbre, puesto que el proceso de fusión para su transformación en Pronósticos para la Asistencia Pública aún sigue su curso, no obstante que el decreto de reforma legal fue publicado por el Ejecutivo el 14 de enero de 2020.

RIESGOS EN EL MORO DE LA LOTERÍA NACIONAL

“Con base en la evaluación estructural realizada por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), unidad Zacatenco del IPN en 2019 se concluyó que los elementos de estructura han rebasado los estados límite de servicio y de falla permitidos bajo el marco normativo del reglamento de construcciones de la Ciudad de México y las normas técnicas complementarias vigentes, por eso la importancia de reforzar los elementos estructurales del edificio, así mismo rehabilitar y preservar el estilo arquitectónico en interiores como en exteriores del edificio dada la importancia histórica y cultural del mismo”, establece el documento.

“El inmueble se encuentra dictaminado por un Director Responsable de Obra (DRO) como habitable bajo ciertas restricciones, (pero) no se pueden utilizar desde el nivel 8 y hasta el 18 mientras no cumpla los requisitos mínimos de seguridad estructural. Esta situación no implica ninguna penalización legal o administrativa hacia la entidad por la ocupación restringida del inmueble; sin embargo, de no realizarse el proyecto de reforzamiento estructural el inmueble sufrirá mayores deterioros lo que resultaría en su completa inhabilitación en cuestiones de operación y uso del mismo, seguridad estructural y la normatividad aplicable en este rubro”, sentencia.

El dictamen de los expertos del Poli advierte riesgo de seguridad para los servidores públicos que ahí se desempeñan y de pérdida y deterioro del patrimonio cultural e histórico para la sociedad en general.