Con el voto a favor de Morena, sus aliados, así como la mayoría de los legisladores del PRI y dos integrantes del PRD, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, en medio de un debate plagado de acusaciones de compra de votos, descalificaciones e insultos.
Con 87 votos a favor, incluidos nueve del PRI y dos del PRD, y 40 en contra del PAN, MC y el grupo plural, se regresó esta minuta a la Cámara de Diputados, en la que se establece que se etiquetarán recursos para policías estatales y municipales a partir de 2023, se crea una comisión bicameral que hará la evaluación y seguimiento de las actividades de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, usando criterios más objetivos con indicadores cuantificables y verificables, así como la comparecencia del gabinete de seguridad y la entrega de informe semestrales.
Previo a la sesión vespertina, que se prolongó por más de ocho horas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que presentaría un adendum para que desde el próximo año —2023— se etiqueten recursos del presupuesto federal para policías locales, y apuntó: “Ya no puede ser motivo de disputa el tema de la Ley Alito, nosotros respetamos a Alito, no tiene que ver porque es otra distinta, ya no deben pelearse con fantasmas lo adversarios porque construimos una nueva”.
Los recursos para las policías se establecerán de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no podrá ser inferior, en términos porcentuales, al incremento que reciba la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año; los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin.
