El 26 de junio de 2018, Álvaro, un hojalatero de 53 años, circulaba en su vehículo a eso de la media tarde, cuando de la nada unos policías le dieron el alto y le obligaron a bajarse del carro.
“Esta es la camioneta en la que viajaban los rateros”, dijo una persona que acompañaba a los policías.
Álvaro respondió que ni él ni su acompañante sabían de qué les hablaban, pero de nada sirvió. Ahí mismo, en una calle de la alcaldía Tláhuac de la capital mexicana, fueron detenidos y llevados de inmediato a una agencia del Ministerio Público, donde se enteraron de que los acusaban de ser los autores de un robo que habría ocurrido tan solo unos minutos antes a un repartidor de leche Liconsa
. Pero eso no fue lo peor: poco después se enteraron de que habían pasado de ‘rateros’ a ‘secuestradores’, puesto que el MP había reclasificado el delito por el de secuestro exprés, debido a que los ladrones amagaron al conductor de Liconsa contra su voluntad durante el robo.
Álvaro no lo sabía en ese momento. Pero la Constitución contempla que el secuestro forma parte del grupo de 20 delitos que, por su gravedad, ameritan prisión preventiva en automático. Es decir, que mientras la autoridad investiga si es culpable o no, y mientras se lleva a cabo todo el proceso judicial, él deberá permanecer preso hasta por un plazo máximo de dos años. Aunque ese plazo es solo en la teoría.
Sin dinero para contratar un abogado particular y defenderse, Álvaro, que también se ganaba la vida pintando carros, se vio inmerso en una maraña burocrática de la que aún no ha podido escapar. Durante los 10 primeros meses preso, el hojalatero pasó por hasta 10 audiencias y 7 jueces diferentes de la Ciudad de México, hasta que en la última audiencia un juez cayó en la cuenta de que, al tratarse de un supuesto robo a un funcionario de Liconsa, una dependencia de Gobierno Federal, el asunto no debía tratarse en el fuero local sino en la justicia federal.
Así que, a pesar de que para ese entonces llevaba ya casi un año preso sin juicio ni condena, el juez envió el caso de Álvaro a la casilla de salida para que se reiniciara el proceso.
“No hay pruebas, pero Álvaro sigue preso”
Una vez que su expediente pasó al fuero federal, donde el delito por secuestro puede tener una pena de entre 40 y hasta 80 años, las cosas no fueron mucho más rápidas. El caso de Álvaro aún tardó meses en llegar a un juez, que ante la falta de recursos del hombre le asignó a otro defensor público del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Moisés Terán Amaya, director de área de la Unidad de Litigio Estratégicos en Derechos Humanos de ese Instituto, explica en entrevista que cuando tomó el caso, Álvaro ya llevaba más de un año y medio preso y sin juicio, a pesar de que, según el abogado, la acusación en contra del hombre de 53 años es muy endeble
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