La influencia de las élites económicas y políticas en temas de Estado es la mayor amenaza para acabar con la corrupción en México, la cual afecta principalmente los derechos humanos de las comunidades más vulnerables e históricamente olvidadas, coincidieron este miércoles expertos en un foro regional.
Soledad García Muñoz, relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que se requieren mejorar los sistemas de transparencia a fin de evitar injerencias, amenazas o influencias indebidas por parte del sector privado en los gobiernos.
Así lo manifestó durante su participación en el encuentro “Lucha Anticorrupción: nuevos enfoques para tiempos inciertos”.
En el evento, en el que participaron también especialistas en tecnologías de la información, gobernabilidad y del sector privado, García Muñoz insistió que se requiere hacer evaluaciones, seguimientos y políticas que pongan en el centro los derechos humanos.
Asimismo, planteó considerar mecanismos tributarios para combatir la corrupción desde el lado gubernamental, ya que igualmente amplía la desigualdad y discriminación.
De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, el 86 % de la población considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno.
Todo ello pese a que una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la corrupción en el país. “Desafortunadamente, con el paso del tiempo, las manifestaciones de este fenómeno tanto en México y el mundo han ido adquiriendo nuevas formas que cada día parecen ser más sofisticadas”, reflexionó Liliana Alvarado, directora general de Ethos, organismo que convocó al encuentro.
