El borrador de un acuerdo bipartidista en el Senado de Estados Unidos para frenar la violencia con armas de fuego no incluye medidas para un cambio profundo que prohíba las más letales, pero sí propone una serie de disposiciones que dificultan que algunos compradores jóvenes y personas consideradas como una amenaza puedan tenerlas.
Y hay propuestas significativas para abordar los problemas de salud mental y de seguridad escolar. Todo esto refleja la presión que sienten ambos partidos en un año electoral para actuar después de balaceras masivas en mayo que dejaron 10 muertos en Buffalo, Nueva York, y 21 más en Uvalde, Texas.
Los detalles del plan siguen en negociación entre demócratas y republicanos, con desacuerdos sobre el rigor que deberían tener las iniciativas. Esto significa que la fuerza de la propuesta -y qué partes sobrevivirán- sigue sin estar clara mientras se traduce en ley. Esto es lo que hay dentro y fuera del acuerdo:
Fortalecimiento limitado de la comprobación de antecedentes
Cuando una persona de entre 18 y 20 años intente comprar armas de fuego, la verificación federal de antecedentes requerida incluirá por primera vez el registro de delitos juveniles y de salud mental. Para que las autoridades estatales y locales tengan tiempo de recopilar la información, el plazo máximo actual de tres días se ampliaría hasta siete días más, según asesores con conocimiento de las conversaciones. Una vez transcurridos los 10 días, el comprador podría obtener el arma aunque la búsqueda de antecedentes está incompleta.
Actualmente, quienes se dedican a la venta de armas de fuego están obligados a obtener licencias federales para ellas y deben realizar controles de antecedentes. Los negociadores quieren que la norma abarque a más personas que, sin tener un negocio formal, venden armas de forma ocasional.
Otras restricciones
El plan contempla subvenciones para ayudar a los estados a aplicar o promulgar leyes de “bandera roja” que permitan a las autoridades obtener órdenes judiciales para retirar de manera temporal las armas a las personas consideradas peligrosas. Diecinueve estados y el Distrito de Columbia cuentan ya con este tipo de estatutos, pero algunos carecen de fondos para aplicarlas con rigor.
