En el marco del Día estatal en Chiapas para la Eliminación de la Discriminación contra las Personas de la Diversidad Sexual, la diputada local de Morena, María Isabel Rodríguez Jiménez, provocó una ola de rechazo a nivel nacional tras afirmar desde la tribuna del Congreso del Estado de Chiapas que las personas de la diversidad sexual deberían ejercer sus derechos “dentro de sus hogares” y manifestar su oposición a las iniciativas de Ley de Identidad de Género y Acciones Afirmativas.
Las declaraciones, calificadas como discriminatorias y homofóbicas, han generado pronunciamientos de distintas organizaciones y dependencias, que coinciden en señalar la gravedad de que un espacio de representación popular sea utilizado para difundir mensajes de exclusión.
La Asociación Civil Unidos Diferentes expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a las declaraciones, señalando que este tipo de expresiones “resultan incompatibles con los principios constitucionales de no discriminación, libertad, igualdad y respeto a los derechos fundamentales”. La organización advirtió que utilizar la tribuna del Congreso para promover mensajes excluyentes “contribuye a fortalecer prejuicios y discursos que históricamente han derivado en discriminación, violencia y vulneración de derechos”.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas informó que inició el expediente de queja CEDH/QUEJA/0517/2026 en contra de la legisladora, derivado de sus expresiones discriminatorias en relación con las iniciativas de Ley de Identidad de Género y Acciones Afirmativas que actualmente se analizan en el Congreso local.
La Secretaría de la Diversidad Sexual de Morena Ciudad de México emitió un posicionamiento en el que rechazó categóricamente los dichos de la diputada y subrayó que “evidencian una profunda desinformación sobre las realidades y las luchas históricas de las poblaciones LGBTTTIQ+”. El comunicado enfatiza: “Nadie está obligado a compartir nuestras orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género. Pero tampoco existe un supuesto derecho a discriminar, a desconocer la dignidad humana o a negar derechos fundamentales”.
Las organizaciones exhortaron a la diputada a reflexionar sobre el impacto de sus palabras y reconocer que la función pública exige actuar con responsabilidad y apego a los principios de igualdad. Además, convocaron a seguir trabajando por una sociedad “más justa, incluyente y respetuosa de la diversidad humana, donde nadie sea obligado a ocultar quién es para ejercer plenamente sus derechos”.
