Edmundo Jacobo Molina debe ser restituido en su puesto como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó este jueves un tribunal federal.
Por unanimidad, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió al exfuncionario una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio del “Plan B” electoral.
El 3 de marzo, con el rechazo de consejeros y del bloque opositor por la intromisión del Gobierno federal a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General designó y tomó la protesta de ley a Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, en sustitución de Edmundo Jacobo Molina.
El ahora exsecretario ejecutivo Jacobo Molina fue cesado de forma inmediata, tras la publicación y entrada en vigor del segundo paquete del llamado “Plan B” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras políticos afines al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han respaldado la remoción de Edmundo Jacobo Molina de su puesto como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) por los cambios electorales, consejeros y políticos opositores han lanzado críticas por el hecho derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del segundo parque del llamado “Plan B” de la reforma electoral.
El presidente mexicano ha negado que su reforma electoral, conocida como “Plan B” y que entró en vigor el viernes, afecte la democracia y los comicios pese a las crecientes alertas de especialistas en México y el extranjero.
“Todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al Gobierno porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario”, ha dicho el mandatario en su rueda de prensa diaria.
El presidente defiende su “Plan B”, como se llama al nuevo paquete de reformas legales que propuso después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo que organiza las elecciones.
La reforma electoral, cuya constitucionalidad ahora analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), despertó el mes pasado cuestionamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos y congresistas estadounidenses.
