Brasil vive horas de máxima alerta este miércoles porque el bolsonarismo más radical, un movimiento amorfo que sigue al ultraderechista Jair Bolsonaro, ha convocado movilizaciones en todas las capitales del país tres días después de que varios miles de ellos asaltaran con enorme violencia, y enorme facilidad, las sedes de los tres poderes de la República. La explanada gigante donde se ubican las sedes de la Presidencia, el Supremo, el Congreso y los ministerios está cerrada al tráfico y se ha reforzado la seguridad en la zona y en todo el territorio nacional con un amplio despliegue. El epicentro del ataque del domingo está tomada por antidisturbios y miembros de la Guardia Nacional. El Tribunal Supremo ha ordenado a las autoridades que impidan cualquier intento de bloquear calles, carreteras u ocupar espacios o edificios públicos.
El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que quería volver a la normalidad y dar el impulso definitivo a su recién nacido Gobierno, ha lanzado una advertencia a los que, por la vía de la agitación, quieren hacerle la vida imposible: “Cada gesto contra la democracia brasileña será castigado”, ha advertido el mandatario, que asumió el poder el 1 de enero y vio con espanto cómo una semana después la democracia brasileña sufría el ataque más grave en casi cuatro décadas.
Brasil ya estaba extremadamente polarizada antes de la toma de las instituciones; y los ánimos están ahora extremadamente caldeados. Por si fuera poco, el expresidente Jair Bolsonaro, ha azuzado el fuego desde Florida (EE UU). Una vez más, tira la piedra y esconde la mano, un gesto frecuente en su estrategia de ataque sistemático a las instituciones. Este martes difundió en sus redes sociales un vídeo que alienta la falsedad de que hubo fraude, que Lula “no fue elegido por el pueblo” ni ganó en las urnas, sino que fue colocado a dedo por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral. La publicación corrió como la pólvora en internet, pero el propio Bolsonaro la eliminó rápidamente. Fue su primera manifestación explícita de apoyo a las tesis de fraude electoral después de los sucesos del domingo.
Ciento de participantes en el motín golpista han sido encarcelados. Y los responsables políticos de la Policía Militar en el Distrito Federal, que los escoltó y no evitó el ataque, han sido apartados por los jueces, así como el máximo jefe policial.
Rui Costa, ministro de la Casa Civil (una especie de primer ministro), ha explicado que el Gobierno ha decidido aumentar el despliegue de uniformados. “Tomamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones. Por eso, hemos adoptado una posición de precaución respecto a la seguridad de la Explanada de los Ministerios y en ciudades de todo el país”.
El hombre al que el Gobierno de Lula le encomendó la gestión de la seguridad pública de Brasilia inmediatamente después del asalto, el interventor federal Ricardo Cappelli, ha declarado que “no hay ninguna posibilidad de que lo que ocurrió el domingo vuelva a suceder” y ha avisado que “aquellos que intentan crear una atmósfera de crisis no lo conseguirán”.
Los ministros ya están trabajando, pero aún no han concluido todos los ritos de la toma de poder. Este miércoles toman posesión en el palacio presidencial de Planalto dos ministras especialmente simbólicas. Sonia Guajajara, indígena y veterana activista, es la primera titular del Ministerio de los Pueblos Originarios. En la misma ceremonia, Anille Franco, hermana de la concejala carioca asesinada Marielle Franco, asumirá la dirección del Ministerio de Igualdad Racial.
Vídeo colgado y eliminado
El vídeo colgado y eliminado por Bolsonaro mostraba un fragmento de una entrevista con un fiscal abiertamente bolsonarista, Felipe Gimenez, del Estado de Mato Grosso do Sul. Este decía que la victoria de Lula fue un fraude y que el voto en las urnas electrónicas no es de fiar, una cantinela repetida hasta la saciedad por Bolsonaro y sus seguidores; y desmentida igualmente cientos de veces por las autoridades electorales. Nunca en 25 años se ha detectado ningún problema grave con el sistema que permite recontar todos los votos de Brasil en tres horas. El vídeo iba acompañado de la siguiente leyenda: “Lula no fue elegido por el pueblo, fue escogido por el STF y el TSE”, en referencia a los dos tribunales que el expresidente escogió hace tiempo como sus principales enemigos.
La teoría de la conspiración de las elecciones manipuladas es uno de los pilares sobre el que se sostiene ahora el movimiento bolsonarista, y el combustible que movió los campamentos que hasta este lunes, cuando fueron desmantelados, reunían a los últimos grupos que pedían a los militares que perpetraran un golpe de Estado. Durante dos meses hubo campamentos en decenas de ciudades del país.
Aunque el vídeo duró muy poco en el aire, bastó para alimentar a sus seguidores más radicales, que de forma mayoritaria justifican los largos silencios de Bolsonaro, sus ambigüedades y sus estudiados pasos atrás como una forma de evitar la “persecución” del sistema. Cada mínimo gesto del expresidente sirve rápidamente para elaborar las más complejas interpretaciones. En este caso, podría funcionar como una validación de los actos golpistas, ya que insiste en las tesis de ese movimiento radical.
Tras el asalto golpista del domingo a las sedes de los tres poderes, Bolsonaro ya dio una respuesta tibia: aunque se desmarcó de las acciones violentas, las equiparó a otras protestas de la izquierda, que en ningún caso supusieron una amenaza al orden democrático del calibre de la del domingo.
Uno de los personajes clave de la investigación sobre el asalto a las instituciones es Anderson Torres, un comisario de policía que fue ministro de Justicia de Bolsonaro y que el 1 de enero se estrenó como secretario de Seguridad Pública de la capital. Lo primero que hizo fue despedir a la cúpula de seguridad y después tomó un vuelo a Florida, precisamente el lugar elegido también por Bolsonaro para pasar sus primeros días de descanso fuera del cargo y sin inmunidad parlamentaria por primera vez en más de tres décadas. El Tribunal Supremo ha ordenado que Torres sea detenido y él ha anunciado un regreso a casa que no se ha producido por ahora.
