El primer paso para solventar un problema es reconocer su existencia, y el ministro de Economía del Reino Unido, Jeremy Hunt, ha evitado cualquier paño caliente al comenzar este jueves a exponer un plan fiscal que supondrá una subida generalizada de impuestos y recortes en el gasto público. El país ha entrado en recesión, y seguirá en ella a lo largo de 2023, ha admitido Hunt. “La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria [OBR, en sus siglas en inglés] ha llegado a la conclusión de que ya estamos en recesión, y de que la economía se reducirá en un 1,4% el año que viene antes de regresar en 2024 a la senda de crecimiento”, ha dicho el ministro.
Para compensar un agujero fiscal de más de 60.000 millones de euros, agravado después de la fallida rebaja de impuestos anunciada por el anterior Gobierno de Liz Truss, el nuevo Ejecutivo de Rishi Sunak se ha visto obligado a anunciar una subida impositiva generalizada, que intentará cubrir casi la mitad de ese agujero. La otra mitad deberá subsanarse con recortes en el gasto público que han llevado a muchos economistas a bautizar el periodo que se avecina como Austeridad 2.0, en recuerdo a la era de restricciones en los servicios públicos que siguió a la crisis financiera de 2008. Las medidas planteadas este jueves suponen situar la presión fiscal en el Reino Unido al nivel más alto desde la II Guerra Mundial.
A diferencia del pánico que provocó en los mercados el plan de Truss, las medidas expuestas por el ministro de Economía, en una comparecencia cuyo doloroso contenido había sido anticipado durante días a los medios, han sido recibidas por los mercados con aparente calma. La libra esterlina ha visto descender su cotización frente al dólar, aunque lejos del desplome que vivió el pasado septiembre. Los bonos de deuda pública a largo plazo, revalorizados en las últimas semanas en anticipación de la nueva senda ortodoxa del Gobierno de Sunak, han bajado levemente, sin desatar alarmas. El plan del Gobierno había sido claramente diseñado para transmitir estabilidad y rigor a los inversores, aunque suponga el anuncio de prolongadas penurias para los ciudadanos.
Sunak recupera el impuesto a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios (windfall tax, beneficios caídos del cielo) obtenidos por el encarecimiento energético derivado de la guerra de Ucrania, que su antecesora Truss eliminó. “Desde el próximo 1 de enero hasta el 28 de marzo, aumentaremos ese impuesto del 25% al 35%. Del mismo modo, también gravaremos los beneficios extraordinarios de las empresas generadoras de electricidad con baja emisión de carbón, con un 45% adicional”, ha anunciado Hunt.
Subida del salario mínimo
El Gobierno británico, consciente del coste electoral que puede suponer una vuelta a la austeridad en un momento en que los ciudadanos sufren una crisis del coste de la vida, ha anunciado una subida del salario mínimo. El Reino Unido mide esta cifra en libras/hora, y no en términos mensuales. Actualmente, suponía 9,50 libras (10,80 euros) para los mayores de 23 años; 9,18 libras para los de 21 y 22; 6,83 libras (7,80 euros) para los de 18 a 20; y 4,81 libras (5,50 euros) para los de menos de 18 años. Hunt ha anunciado una subida generalizada del 9,7%, lo que supondrá, en el nivel más alto, que el salario mínimo sea de 10,42 libras por hora (11,90 euros). Según los cálculos expuestos por el ministro, la subida supondrá que cerca de dos millones de asalariados en el Reino Unido cobren unos 1.800 euros más al año.
Pensiones y ayudas sociales
El recorte del gasto público, que afectará de modo transversal a todos los departamentos ministeriales, supone mantener las previsiones presupuestarias para los próximos dos años, que frente a la cifra de inflación actual (11,1%), suponen en la práctica una reducción. “Vamos a mantener un aumento del gasto público, pero crecerá a un ritmo más lento que el de la economía. Los próximos dos años respetarán las subidas previstas, y durante los tres años siguientes el crecimiento del gasto será solo del 1%”, ha advertido Hunt.
A cambio, el Gobierno acatará el “triple cerrojo” de las pensiones, que los conservadores se comprometieron a mantener en su programa electoral de 2019. Según esta regla, las pensiones públicas deben subir de acuerdo con la cifra más alta de estas tres opciones: la inflación (10,1%, según el dato de septiembre, al que se aferra Downing Street); la subida salarial media en la empresa privada (un 6%), o un 2,5% acordado por los partidos. Las pensiones, y las ayudas y subsidios sociales, ha anunciado Hunt, subirán al ritmo del IPC. No podía ser de otro modo con dos años duros por delante antes de la próxima cita electoral, prevista para finales de 2024. El informe de la OBR que ha acompañado al plan fiscal del Gobierno anticipa un retroceso del 7% en el nivel de vida de una familia media británica en los próximos dos años.
La oposición, que sospecha que parte de los compromisos anunciados por Hunt podría acabar heredándolos un futuro Gobierno laborista, le ha exigido que no se escude en la crisis global —pandemia, Ucrania, crisis en la cadena de suministros…— y pida perdón por la gestión de una década de los conservadores en el poder. “Nos presenta la factura de la carnicería económica provocada por este mismo Gobierno”, ha dicho la portavoz laborista de Economía, Rachel Reeves. “En esto consiste básicamente la tarea de un carterista. En apenas una hora, el Ejecutivo acaba de meter mano en las carteras y monederos de todo el país, a través de una serie de impuestos invisibles que acabarán arrebatando miles de millones de libras a todos los trabajadores”, ha denunciado.
