Por tercera ocasión, integrantes del Sindicato de Taxistas Fidel Velásquez acudieron a las inmediaciones del Palacio de Gobierno para exigir a la Secretaría de Movilidad y Transporte la aplicación inmediata del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual —afirman— ya debería estar en vigor desde su publicación.
Julio Montero, representante del gremio, señaló que, aunque el Congreso local y el Gobierno del Estado ya emitieron disposiciones para regular el servicio de transporte, la autoridad encargada de aplicarlas no ha ejecutado los operativos correspondientes. “Desde que sale el periódico oficial, al día siguiente ya se puede aplicar lo que dicta la ley. No entendemos por qué no lo hacen”, reclamó. De acuerdo con el dirigente, alrededor de seis mil concesionarios de taxi resultan afectados por la operación de plataformas digitales de transporte en la capital chiapaneca.
Aseguró que la competencia ha impactado directamente en la economía de los trabajadores del volante, quienes además enfrentan el deterioro de sus unidades por el mal estado de las calles, pese a que cumplen con el pago de impuestos y obligaciones ante la autoridad.
Montero afirmó que, a diferencia del transporte concesionado, las plataformas no cubren impuestos estatales ni cumplen con los mismos requisitos de regulación, lo que —dijo— genera una competencia desleal. “Aquí lo que pedimos es que se aplique el Estado de Derecho. Ya salió el decreto, ya está en el Periódico Oficial; no es un ultimátum, es que se cumpla la ley”, subrayó. Sobre la presencia de servicios de transporte por aplicación, el líder sindical indicó que en la ciudad operan miles de vehículos de estas plataformas, rebasando por mucho el número de concesiones formales, que ronda las seis mil.
A su juicio, la capacidad vial de la capital no soporta tal cantidad de unidades, lo que agrava el tráfico y la afectación económica para los taxistas. Además, advirtió que el servicio prestado por vehículos particulares no ofrece las mismas garantías de seguridad que el transporte concesionado, el cual cuenta con registros oficiales, números económicos y expedientes que permiten sancionar cualquier falta ante la autoridad.
Los taxistas informaron que este día sostendrían una nueva reunión en el Palacio de Gobierno y, como medida de presión, realizarían un bloqueo temporal de la Avenida Central y la Calle Central. Su principal demanda es que se aplique de inmediato el decreto publicado en el Periódico Oficial y que la Secretaría de Movilidad y Transporte ejecute los operativos correspondientes para regular la operación de plataformas en la capital del estado.
Entre las aplicaciones mencionadas por los inconformes se encuentran Uber y DiDi, cuya operación —aseguran— ha crecido de forma acelerada en Tuxtla Gutiérrez sin una regulación efectiva.
