La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que su administración halló cuatro contratos celebrados entre la empresa Glac Security, Consulting Technology Risk Management, relacionada con el exsecretario de seguridad pública federal juzgado en Estados Unidos, Genaro García Luna, con la entonces Procuraduría de Justicia de la capital entre 2016 y 2017, cuando Rodolfo Ríos fue titular del organismo.
En rueda de prensa, la mandataria detalló que tras la información que dio a conocer Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso García Luna -acerca de que se detectó una sistema para sacar recursos de algunas dependencias, incluidas las de la capital-, su administración halló la documentación que avala la celebración de dichos contratos en materia de capacitaciones.
“Son órdenes de pago para la empresa donde en el consejo de administración está Genaro García Luna, las órdenes de pago son de 2016 y en diciembre de 2017 (en la administración de Miguel Ángel Mancera), el monto es de casi 58 millones de pesos de los cuatro pagos, un contrato de 80 días para la fiscalía del delito de secuestro denominada Fuerza Antisecuestro (FAS)”, dijo la mandataria.
Sheinbaum explicó que el servicio que ofreció en su momento la empresa ligada a García Luna era el diagnóstico integral de capacidades de la Fiscalía Especial de investigación en delito Antisecuestro, entre otros.
“Imagínense, García Luna dando capacitación sobre secuestro”, expresó la jefa de Gobierno.
Dijo que además de poner a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera la información hallada, el Gobierno de la Ciudad de México deberá comprobar si dichas capacitaciones o prestación de servicios por parte de la empresa Glac Security, Consulting Technology Risk Management, se concretaron o no, por tanto, abrirán carpetas de investigación en la contraloría de la capital y la Fiscalía hará lo propio.
Sheinbaum añadió que además buscarán si hubo otros contratos en otras dependencias entre la empresa ligada a García Luna con el Gobierno del entonces Distrito Federal.
García Luna se llevó millones, dice la UIF
Durante 20 años, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero que saqueó a México, según se ha dado a conocer en el juicio que se le sigue en Estados Unidos. En dos décadas, en su paso por la función pública e incluso al dejar sus cargos, el exsecretario de Seguridad Pública concedió 30 contratos para servicios de seguridad por 745 millones de dólares que fueron enviados al extranjero y que sirvieron para comprar propiedades y automóviles de lujo.
Este 9 de febrero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló el modus operandi de la red con la que García Luna benefició a empresas de familiares con las que se extrajeron millones de dólares.
Los contratos mediante los cuales se formó la “trama de corrupción” se suscribieron entre 2009 y 2018 e incluyen servicios de mantenimiento a equipos tecnológicos, adquisición de drones, compra de sistema de circuito cerrado, equipamiento tecnológico y compra de equipos de seguridad.
La entonces Policía Federal, la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional fueron las instancias con las que se suscribieron los contratos.
El juicio a García Luna
Fiscales estadounidenses han señalado al exalto funcionario mexicano en un juicio de presuntamente aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa para traicionar a su país, mientras que su defensa ha respondido que los acusadores están siendo engañados por narcotraficantes en busca de venganza.
Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación de 2001 a 2005 y secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, le dio al Cártel de Sinaloa información sobre sus rivales y salvoconductos para cargamentos de drogas a cambio de decenas de millones de dólares, han dicho autoridades estadounidenses.
El exfuncionario fue arrestado en 2019 en Texas y se declaró no culpable en 2020 de cinco cargos, entre ellos conspiración para distribuir cocaína.
Durante su tiempo en el cargo, García Luna trabajó de cerca con las agencias antinarcóticos y de inteligencia de Estados Unidos.
García Luna, quien dirigió la seguridad pública bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango en ser acusado de ayudar a grupos de narcotraficantes.
Tras su detención, el expresidente Felipe Calderón, quien envió a las Fuerzas Armadas a combatir a los narcotraficantes y aplicar medidas drásticas contra el crimen organizado, expresó su profunda conmoción y dijo desconocer por completo lo que presuntamente hizo su exsecretario de Seguridad.
