Este viernes el Congreso del Estado presentará la iniciativa para tipificar y penalizar la cohabitación forzada de menores de 18 años, buscando erradicar las uniones informales obligadas a menudo en municipios indígenas de Chiapas que derivan también en embarazos en adolescentes. En la iniciativa de decreto se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el estado de Chiapas en materia de cohabitación forzada.
Para ello, se proponen penas de 8 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de multa y éstas aumentarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas, dijo Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
“Es algo que me gustaría mucho que las chiapanecas y los chiapanecos conozcan el día viernes este periodo extraordinario principalmente se está abriendo a la necesidad, la diputada Rosalinda Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad presentó iniciativa de reforma para la cohabitación agravar el delito de cohabitación forzada entonces es una iniciativa que vamos a someter a pleno este viernes en respuesta también a la necesidad de que a través del Legislativo poder poner nuestro granito de arena y poder evitar no solamente el embarazo infantil y adolescente sino también la trata de nuestras niñas y adolescentes”.
Indigna embarazo de menor de 13 años
Esta iniciativa tomó más forma ante el caso que sacudió a la población a nivel nacional de una menor de 13 años con un embarazo de alto riesgo en San Cristóbal de Las Casas el pasado 6 de enero y que vivía con su pareja de 17 años.
Con la reforma se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad (o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho) a vivir de manera informal con otra persona.
Esta iniciativa pasó por un proceso de análisis en Comisiones Unidas, con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y académicas y finalmente se someterá a la aprobación del pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, la
La cohabitación forzada en Chiapas es un problema crítico que arrebata la infancia, aumenta la violencia doméstica y limita el desarrollo de niñas y adolescentes. El objetivo es prohibir esta conducta y garantizar que las menores no sean forzadas a mantener una relación parecida al matrimonio.
