Tras el anuncio de la detención de Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el Caso Ayotzinapa mucho se ha cuestionado sobre si la acción supondrá por fin un acceso a la justicia para las víctimas o si únicamente se trata de un acto político.
Y es que en el caso de funcionarios públicos la justicia parece solo aparecer a merced de ciertos intereses tal y como se ha demostrado con el Caso Segalmex el cual desde años anteriores puso en la mira omisiones e inconsistencias en el manejo de recursos de la dependencia que hasta el momento ha dejado alrededor de 11 mil millones de pesos desaparecidos. ¿Los involucrados? Servidores públicos de la actual administración del país, miembros de la autodenominada Cuarta Transformación.
Dichas inconsistencias han sido documentadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desde el año 2020, no obstante, no se ha realizado ningún avance significativo en la investigación de dichos hechos, situación que ha llevado a la organización civil a cuestionar si el Caso Segalmex será como la llamada Estafa Maestra, escándalo de corrupción que caracterizó el sexenio del expresidente priista, Enrique Peña Nieto.
En el año 2020 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) comenzó a investigar a Segalmex, descubriendo así una red de corrupción ligada a la entrega de convenios multimillonarios irregulares a personas ligadas al partido Movimiento Ciudadano, así como el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresas fachadas vinculadas con empresarios que ahora construyen desarrollos inmobiliarios de lujo.
La organización civil detalló que tan solo en sus primeros dos años de operaciones, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 11 mil millones de pesos en Segalmex, superando los 7 mil 600 millones reportados en la llamada “Estafa Maestra”.
No obstante, dicho dato es tan solo la punta del iceberg de todo el problema que comenzó en agosto de 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Ignacio Ovalle como el titular de la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana. Cabe mencionar que dicho funcionario se vio envuelto en una polémica hace 30 años cuando, junto a Raúl Salinas de Gortari, estuvo a cargo de la gestión de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
Las primeras advertencias sobre lo que pasaba en Segalmex comenzaron a surgir en septiembre del año 2019 cuando medios de comunicación informaron que la dependencia estaba otorgando cientos de millones de pesos en contratos sin licitar.
