Pedro Castillo sentenció su futuro cuando, por razones que aún son un misterio, intentó un autogolpe improvisado que acabó con su detención ese mismo día. El maestro de escuela rural aún tardará un tiempo en volver a su casa, en las montañas andinas donde decía que era feliz rodeado de vacas y campo. Un juez dictó este jueves 18 meses de prisión provisional para él, que se enfrenta a penas no menores de diez años por el delito de rebelión y conspiración. La decisión acaba también con la idea de viajar a México como asilado político. Ese fue el primer plan que Castillo puso en marcha el miércoles pasado cuando vio que su intentona golpista no conducía a ninguna parte.
Castillo está tan solo ya que ni si quiera sus abogados se presentaron a la audiencia de este jueves. En su lugar, se le asignó uno de oficio. El juez ha acogido la tesis de la fiscalía, que alertó también del riesgo de fuga. Huir fue lo que trató de hacer al verse acorralado. El Congreso que supuestamente había disuelto con su anuncio televisado a la nación hizo caso omiso a sus palabras. Los parlamentario continuaron la sesión y en un rato aprobaron su destitución. Todo el mundo le dio la espalda. La policía ordenó su detención y los escoltas que lo llevaban a la embajada de México para ponerse a salvo lo entregaron en una comisaría. Desde ese día duerme en una cárcel.
La prisión provisional durará más que su mandato, una aventura fugaz de 17 meses que terminó de la forma más abrupta y desconcertante de todas. Castillo no fue capaz de tener un Gobierno estable, llegó a nombrar cinco gabinetes, y nunca tomó la iniciativa política. Su mandato fue la historia de una gestión a la deriva, sin ningún objetivo definido. El profesor que ganó la presidencia con la bandera del cambio y la promesa de gobernar para los pobres, como él, acabó inmolándose en la televisión con un golpe de Estado torpe que no tenía ningún apoyo.
La única persona que permaneció fiel al presidente hasta el final fue Aníbal Torres, para el que el juez ha desestimado la petición de la Fiscalía de prisión provisional. Torres fue la persona que se vio en todo momento al lado de Castillo desde su detención, entonces en calidad de abogado. Había sido su cuarto primer ministro, aunque renunció cuando la corrupción ya anegaba los pasillos del Palacio presidencial. Apenas dos días después del autogolpe, Torres anunció por Twitter su paso a la clandestinidad al saberse investigado. Ahora deberá permanecer en Lima y comparecer ante el juez el primer día de cada mes.
Su defensa había alegado esta mañana en la audiencia que su clandestinidad era una forma de hablar, pues el abogado, que ya tiene 79 años, estaba dispuesto a volver a dar clases en la universidad. La Fiscalía lo acusó a él incluso de haber escrito el texto que leyó Castillo. Aunque su defensa niega que supiera que eso iba a suceder. Dice que él llegó al Palacio y Castillo le anunció que iba a dar un mensaje a la nación. Torres, entonces, se retiró a otro lugar “a meditar” mientras el político trataba de convertirse en un autócrata al estilo de Alberto Fujimori.
Hoy el último dictador de Perú y el último presidente comparten la misma prisión, aunque aún no se han cruzado por los pasillos por la calidad de detenido que tenía hasta ahora Castillo. En los alrededores de la cárcel, durante todo el día se concentraron decenas de seguidores del maestro rural. Para ellos, es solo una víctima de un Congreso corrupto que nunca le dejó gobernar. Mientras el juez leyó su resolución, en una comparecencia que duró toda la tarde, los castillistas exigían su liberación.
En las calles de Lima las protestas también fueron mucho más numerosas que los días anteriores. Desde las regiones andinas del sur han ido llegando caravanas de manifestantes que vienen a la capital a manifestar su rechazo al nuevo Gobierno y la necesidad de un adelanto inmediato de elecciones. Eso da aliento a Castillo, que se sigue proclamando el presidente del país aunque su libertad se ve cada vez más lejana. Las protestas que comenzaron el mismo día de su detención suman ya 10 muertos en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Los dos últimos este mismo jueves, primer día del estado de emergencia que el Ejecutivo decretó en todo el país para tratar de recuperar una seguridad que cada vez parece más lejana.
