La violencia se ha desbocado durante la presidencia del morenista Andrés Manuel López Obrador. Aunque el discurso oficial intenta mostrar una reducción de homicidios y secuestros, el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW) muestra que los delitos violentos “han alcanzado picos históricos” durante esta Administración y los niveles de impunidad se mantienen altos, con apenas un 1% de los casos resueltos. “Los índices de delincuencia violenta han sufrido un aumento drástico en México, y alcanzaron niveles históricos durante el Gobierno actual”, alerta HRW en su informe de 2023, hecho público este jueves. “Si bien las autoridades a menudo atribuyen esta violencia a carteles delictivos, la mayoría de los delitos no se investigan y nunca se identifica ni se enjuicia a los responsables”, critica el organismo defensor de derechos humanos.
La reducción de la violencia es uno de los temas en los que más insiste el jefe del Ejecutivo desde que asumió el poder a finales de 2018. López Obrador presenta informes oficiales que muestran una caída importante en los crímenes, principalmente en lo relacionado a los homicidios, lo que es, afirma el mandatario, una muestra del éxito de su política de “abrazos y no balazos”. Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, compareció el 20 de diciembre en la conferencia de prensa matutina de López Obrador para afirmar que los delitos en México han registrado una reducción del 30%. Mejía Berdeja, además, aseguró que los homicidios están a la baja, con “una disminución muy relevante” en noviembre, que fue el mes, dijo, “con menos homicidios dolosos en los últimos seis años”.
Según las estadísticas presentadas por el funcionario, en noviembre las autoridades registraron 23,5 víctimas menos que el máximo histórico en homicidios dolosos en el país, que fue en julio de 2018. “Dentro del comparativo enero-noviembre 2022, con relación a este mismo periodo los años 2018 al 2021, hay datos relevantes. Se registraron 28. 469 víctimas de homicidios dolosos, lo que implica una disminución de menos 7,3% respecto al mismo periodo en 2021; de menos 10,8% respecto al mismo periodo en 2020; de menos 10,6% respecto a los mismos meses de 2019, y de menos 7,7% respecto a 2018. En cuanto el promedio de homicidios dolosos diarios, hay una hay una reducción a 85, siendo que en 2019 eran 95, lo que implica 10 homicidios menos diarios”, dijo Mejía Berdeja.
A pesar de esa reducción, los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) muestran que el país sigue estancado en altos niveles de violencia. El Inegi ha informado que México registró 35.625 homicidios en 2021, una cifra similar a la de 2020, y aunque la tasa de asesinatos se redujo de 29 a 28 cada 100.000 habitantes, la violencia sigue desbocada en el país. Solo en marzo del año pasado —un mes muy sangriento— se registraron más de 3.600 asesinatos, lo que demuestra como México se consume en la violencia. Con todo, el mandatario alaba su política de seguridad. “En el resto de los delitos vamos a la baja y lo que más nos costó trabajo fue bajar lo de los homicidios, porque iba la tendencia hacia arriba, nos dejaron esa herencia —como otras más—, pero vamos ya enfrentando este delito que tanto daño hace y causa mucho dolor a la gente”, dijo López Obrador en julio.
El informe de HRW, sin embargo, denuncia que las políticas de seguridad del Gobierno no solo no han logrado parar la violencia, sino que también pueden incurrir en graves violaciones a los derechos humanos. “Policías, fiscales y soldados utilizan habitualmente la tortura para obtener confesiones y cometen otros abusos contra personas señaladas por delitos. El sistema de justicia habitualmente no asegura las garantías de debido proceso”, alertan desde el organismo, que critica la constante militarización de la seguridad en el actual sexenio. “Es habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones. En la encuesta más reciente a personas encarceladas que realizó el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38% manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado”, denuncia HRW.
Al horror de los aún altos índices de homicidios que golpean a los mexicanos, las estadísticas suman un alto número de desaparecidos, la otra pesadilla golpea al país: al menos 105.000 personas están registradas como desaparecidas en México, según las estadísticas oficiales. “Las autoridades creen que el número real sería mayor. Casi 90.000 han desaparecido desde el comienzo de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006. Miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 36.000 personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia”, advierte HRW.
El organismo hace una denuncia grotesca: “Las autoridades creen que muchas de las personas desaparecidas han sido enterradas en fosas comunes por funcionarios estatales o locales después de que los servicios forenses las declararan como ‘no identificadas’ o ‘no reclamadas”. Según el informe, entre 2006 y 2020, al menos 50.000 cuerpos no fueron debidamente identificados por las autoridades. “Es posible que otras personas hayan sido asesinadas y enterradas en fosas ocultas por policías, militares y grupos delictivos. Entre 2006 y 2021, las autoridades habrían encontrado al menos 4.000 de esas fosas en el país”, informa la organización defensora de derechos humanos.
En ese contexto de violencia que desangra a México, activistas y periodistas son el blanco de una crueldad desmedida. El informe de Human Rights Watch recuerda que el país es uno de los más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos, “especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos”. El año pasado, entre enero y septiembre, 15 periodistas fueron asesinados en el país. HRW informa que Artículo 19, una organización que vela por la seguridad de los periodistas, registró en la primera mitad de 2022 al menos 331 amenazas, ataques y otras formas de agresión contra periodistas, por lo que muchos reporteros deciden recurren a la autocensura. “Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas”, advierte Human Rights Watch.
