Cristina Kirchner escuchó el veredicto en el despacho que ocupa en el Senado: seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. Los jueces la absolvieron, en tanto, del delito de asociación ilícita, penada con hasta 12 años. Fue una sentencia a medio camino entre lo que había pedido la fiscalía y la absolución que reclamaba su defensa. Argentina esperó el fallo entre la resignación y la euforia. En el peronismo, y mucho más en su versión kirchnerista, sostienen que están ante la consumación de una larga estrategia persecutoria contra la política más influyente del país. La oposición, que la justicia ha obrado sobre una dirigente a la que achacan todas las maldades posibles. Kirchner no irá a la cárcel, porque tiene fueros como vicepresidenta. Puede apelar además su condena ante la Corte Suprema, un proceso que demora años. Otra cosa es el impacto político.

“Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal”, dijo Kirchner minutos después de leído el veredicto. “Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”, disparó. Y cerró su discurso casi a los gritos, anunciando, para sorpresa de todos, que no será candidata en 2023. “No seré mascota del poder”, dijo con la mirada fija en una cámara. En diciembre del año próximo, aseguró, ya no tendrá fueros y volverá a su casa en la Patagonia, “porque la verdadera pena es la inhabilitación”, denunció.

La sentencia tensiona el delicado equilibrio de poderes que hoy sostiene al peronismo en la Casa Rosada. Durante el proceso, que duró más de tres años, Kirchner y el kirchnerismo acusaron al presidente, Alberto Fernández, de no hacer lo suficiente para defenderla en los tribunales. Ante la caída en picado de la imagen presidencial, entre las bases más movilizadas se multiplican ahora los pedidos para que Kirchner aspirde a la presidencia en 2023. Una decisión semejante laminaría las aspiraciones de los dirigentes que pretenden asomar la cabeza por encima de la expresidenta.

En el camino quedó un intento fallido de reforma impulsado desde la Casa Rosada para restar poder a los 12 jueces federales de Comodoro Py, donde recae la mayoría de las causas por corrupción. La vicepresidenta se considera víctima de un “partido judicial”, que con el impulso de la derecha utiliza su poder para sacar del camino a los dirigentes progresistas. Durante este tiempo, se habló mucho en Argentina de lawfare, esto es, el uso de la judicatura con fines políticos; hubo ataques muy duros contra la Corte Suprema y políticos opositores como el expresidente Mauricio Macri. El fuego de artilleria llegó también desde el otro lado.

Buena parte de la prensa instaló en la sociedad la idea de que Kirchner era culpable, cualquier fuese el veredicto de este martes, una estrategia que elevó la polarización hasta límites nunca vistos desde el regreso a la democracia, en 1983. El kirchnerismo suele comparar el proceso contra Kirchner con el del presidente brasileño Lula da Silva, preso durante más de 500 días por corrupción. La condena fue anulada más tarde por errores de forma y Lula pudo ser candidato presidencial y volver al Palacio de Planalto, tras un ajustado triunfo ante el ultraderechista Jair Bolsonaro.

En un adelanto de los fundamentos de su sentencia, que estarán listos el 9 de marzo, el tribunal que juzgó a Kirchner sostuvo por escrito que encontró certezas de “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Según el fiscal Diego Luciani, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares durante los dos mandatos de Kirchner, entre 2007 y 2015. A lo largo del juicio, Luciani detectó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, el bastión patagónico del kirchnerismo.

Las licitaciones fueron concedidas al empresario Lázaro Báez, amigo personal del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que pasó de ser cajero de banco a convertirse en zar de la construcción. Según los datos presentados por el fiscal, las adjudicaciones a las empresas de Báez se hicieron con una rapidez inusitada: 29 días frente al promedio de 210 para las demás empresas. Báez cobró por todas las obras, pero casi la mitad de ellas quedaron inconclusas y solo una se ajustó al presupuesto original y no requirió el desembolso de fondos extras.

Absuelta del delito de asociación ilícita

Los jueces encontraron que Kirchner recibió dinero a cambio de los beneficios que otorgó a Báez. No dieron por probado, sin embargo, la figura de la asociación ilícita, creada para combatir a las mafias del narcotráfico. La defensa de la expresidenta sostuvo desde el primer día que un presidente democrático y sus ministros no llegan al poder por el gusto de delinquir. La jurisprudencia hubiese sido además especialmente incómoda para futuras administraciones.

Parte de los demás imputados también fueron declarados culpables. Entre ellos, Báez, que ya cumplía una pena de 12 años de cárcel por lavado de dinero, recibió una pena de 6 años. El exsecretario de Obras Públicas, José López, famoso por ser atrapado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos cargados de dólares en un convento, recibió 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Otros cuatro acusados fueron absueltos, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido.

El peronismo no convocó este martes a las grandes manifestaciones de apoyo que suele organizar en apoyo a Kirchner. En la víspera, la vicepresidenta ya había anticipado una condena; y la posibilidad de incidentes quitó fuelle a cualquier movilización. No faltaron, sin embargo, algunas agrupaciones menores, que reunieron a su gente ante los tribunales federales de Comodoro Py, donde se leyó el veredicto.

“¡Paremos el golpe! Hagamos de este día un nuevo 17 de octubre”, escribió en las redes Luis D’Elia, uno de los convocantes, en referencia a la movilización popular que se plantó contra la detención del entonces coronel Juan Domingo Perón en 1945. La escasa concurrencia de este martes contrasta con la multitud que salió a las calles en esa fecha histórica, considerada el día fundacional del peronismo.

Bajo un sol abrasador, algunos manifestantes entonaban cánticos peronistas, pero la mayoría aguardaba en silencio la lectura de un fallo que preveían adverso. “Fuera mafia judicial”, “Fuera jueces corruptos”, “Cobardes, el partido judicial apesta”, podía leerse en las pancartas pegadas en la doble reja de seguridad que la policía instaló frente a los tribunales.

La sentencia estuvo precedida por la filtración de un chat en el que el juez instructor de la causa, Julián Ercolini, y un grupo de magistrados, fiscales, políticos opositores y empresarios de grandes medios negocian entre ellos ocultar con mentiras un viaje a la Patagonia, realizado en octubre, a la finca del multimillario inglés Joe Lewis. Los mensajes dieron alas a la teoría conspirativa que alienta Kirchner. El viaje “es la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la libertad de la vida de los argentinos. La familia judicial en su máximo esplendor. Este es el sistema que funciona bajo la pomposa figura de Poder Judicial”, dijo Kirchner este martes, tras la sentencia.