Cuando se habla de la guerra contra el narco en México, una lección que se aprendió en más de una década es que el combate frontal a los cárteles de la droga no es suficiente. Esta confrontación sumando a la unacción, impericia, complicidad o poco margen de maniobra del gobierno federal provocó una fragmentación con el surgimiento de nuevos y más grupos criminales que tiñeron de sangre al país.
La detención de los cabecillas tampoco resulta totalmente efectiva, ya que ni siquiera la caída y extradición a Estados Unidos de uno de los narcotraficantes más infames en la historia, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, restó poder a la organización criminal de la que fue cofundador: el Cártel de Sinaloa le torció el brazo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 17 de octubre de 2019, cuando sitió la ciudad de Culiacán, para conseguir la liberación de uno de los herederos de la dinastía: Ovidio Guzmán.
Ovidio, uno de los hijos del Chapo, es buscado por Estados Unidos, pero bajo el argumento de evitar que una reacción más violenta de la organización criminal cobrara vidas inocentes, el gobierno de AMLO lo dejó ir. Abrazos.
Más recientemente, en las últimas semanas, otra poderosa corporación criminal, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha desatado el pánico en los estados de Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, por mencionar algunos, con quema de vehículos y cierre de carreteras como reacción a distintos operativos para detener a jefes de plaza.
Tanto en 2019 como ahora el mensaje de los jefes narco es el mismo: tiene la capacidad de fuego para poner de cabeza al estado si se trata de detener a sus líderes.
Para especialistas que se dedican a analizar el complejo mundo de las drogas, uno de los elementos clave para restar poder a los carteles mexicanos es actuar sobre su estructura financiera. Cerrar la llave del dinero que les permite a través de empresas y negocios legalmente constituidos blanquear capitales y tener flujo de efectivo para sus operaciones ilícitas.
Dentro de esta estructura “narcolegal”, se encuentran abogados, auditores, notarios y esfuncionarios que muy pronto podrian estar entre “los mas buscados” de Washington. Si bien es cierto que las empresas a las que están ligados estos nombres ya fueron sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), las acciones contra los individuos buscan dar un golpe a la delincuencia organizada en un intento por frenar su avance criminal.
