Un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, ha dejado al menos 39 muertos este lunes por la noche, según ha confirmado el Instituto Nacional de Migración (INM). Las víctimas son migrantes, la mayoría procedentes de Guatemala, que estaban detenidos en las instalaciones del centro federal. Habían sido arrestados ese mismo día en la ciudad fronteriza y estaban aparentemente dentro de cuartos con candados, según ha señalado una fuente del Gobierno del Estado de Chihuahua. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha atribuido el siniestro a que los migrantes quemaron colchonetas como protesta cuando pensaron que iban a ser deportados. Hay al menos otras 29 personas heridas en estado “grave”, según el INM, que han sido trasladadas a seis hospitales de la localidad.
Agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron este lunes a más de 70 personas en Ciudad Juárez por presuntos disturbios en la vía pública. Los medios locales habían reportado que los migrantes estaban vendiendo artesanías o pidiendo dinero, por lo que las autoridades quisieron retirarlos de la calle. Tras el arresto, fueron instalaron en varias celdas de la estación migratoria, que no es un albergue, como ha señalado este martes el presidente, sino un inmueble en el que se retiene a los migrantes. El mismo lunes, alrededor de las 21.30 empezó el fuego. López Obrador ha apuntado en su conferencia que los migrantes “se enteraron de que iban a ser deportados”: “Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego. No imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”.
El incendio se inició en el área masculina y de ahí se fue propagando, según el Gobierno estatal. Todas las víctimas mortales son hombres: 37 fallecieron en el lugar y otros dos perdieron la vida en el Hospital General. También fueron evacuadas del edificio migratorio 15 mujeres “sin lesiones”, según el Ejecutivo de Chihuahua. En total se evacuaron a 83 migrantes y a siete empleados.
El Instituto Guatemalteco de Migración ha afirmado que 28 de los 39 fallecidos son de Guatemala. Además, la Fiscalía General de la República, que ha asumido investigación, ha confirmado que entre las víctimas hay 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano, pero no ha especificado cuáles de estas personas son heridos y cuáles son decesos.
El ministro de Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, ha señalado en una rueda de prensa que los fallecidos de su país están ya plenamente identificados, puesto que habían sido entrevistados antes del siniestro en esa misma estación migratoria por “personal consular”. Ha afirmado que no hay menores de edad entre las víctimas. “Las familias tienen la certeza de que haremos todo lo posible para trabajar de la mano con México, primero para averiguar lo que sucedió, después para dar con los responsables y buscar juicio, castigo y reparación”, ha dicho Búcaro, que ha asegurado que el Gobierno guatemalteco se va a hacer cargo de la repatriación de los cuerpos.
Las primeras imágenes de la madrugada de este martes mostraban decenas de cuerpos apilados en los alrededores del inmueble, que está situado en el Puente Internacional Stanton-Lerdo, a unos metros del río Bravo, que marca el límite de Ciudad Juárez con El Paso, en el lado de EE UU. Tanto los bomberos como la Guardia Nacional acudieron al lugar a atender a las víctimas. En la mañana de este martes, un grupo de migrantes se ha congregado ante las oficinas migratorias para protestar por las condiciones que sufren: “Queremos que entiendan que no somos animales, somos seres humanos”.
Presión migratoria
Ciudad Juárez se ha convertido en una olla a presión ante la llegada de numerosos grupos de migrantes que tratan de cruzar al norte o, mientras tanto, buscar asilo en México. La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de personas detenidas en la frontera de México con Estados Unidos en 2022. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirma que el flujo migratorio aumentó un 8% en territorio mexicano. Solo el pasado diciembre se pulverizó cualquier registro migratorio: los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a 251.487 personas, esto es, de media, más de 8.000 personas al día. En el mismo mes, pero de 2019, apenas fueron 40.000.
De estos detenidos, según los datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés), a 202.000 se les aplicó el llamado Título 8, que permite deportarlos a sus países de origen, y el resto, casi 50.000, fueron enviados a México bajo el polémico Título 42. Esta vieja directiva, que fue resucitada por Donald Trump, permite rechazar a ciudadanos extranjeros, solicitantes de asilo incluidos, alegando motivos sanitarios, en este caso, la pandemia de coronavirus. Un pretexto rechazado por las organizaciones de derechos humanos y que el Gobierno de Joe Biden todavía no ha retirado.
En este contexto, con México convertido en una tensa sala de contención y bajo la presión de los Estados republicanos, Biden anunció el 5 de enero la implantación de un nuevo programa para otorgar cada mes 30.000 permisos especiales a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Sin embargo, estos visados, que están diseñados para desincentivar los cruces terrestres, solo pueden solicitarse si se entra por vía aérea al país y no se ha tratado de traspasar de forma ilegal la frontera. Mientras tanto, miles de migrantes se han quedado varados en México sin posibilidad de acceder a estos permisos y sin recibir asilo en el país.
