Una mansión de inspiración árabe, con amplias albercas y comedores, balcones frente a una marina de yates privados y un valor de por lo menos 4,2 millones de dólares. Un apartamento en una isla privada valorado en más de 2,2 millones de dólares. Una unidad en la decimotercera planta de un condominio de lujo, con piso de mármol, completamente amueblado y con vista al mar, de más de un millón de dólares. Estas son solo algunas de las 19 propiedades ligadas a la red de Genaro García Luna que las autoridades estadounidenses ya han asegurado en Florida. Así lo dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo contra el lavado de dinero del Gobierno de México, que promueve un juicio civil por corrupción contra el secretario de Seguridad Pública en la Administración de Felipe Calderón (2006-2012). La UIF afirma que los bienes tienen un valor de 17,9 millones de dólares y que cuatro de los apartamentos están ligados a Cristina Pereyra, la esposa del antiguo zar antidrogas.
“Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, se lee en un comunicado de la UIF. Las autoridades mexicanas aseguran que el exfuncionario fue la cabeza de un conglomerado familiar que obtuvo contratos públicos por más de 745 millones de dólares y que canalizó los recursos desviados a paraísos fiscales para ocultar el rastro del dinero. La red de socios del exfuncionario también echó mano de empresas fantasma para adquirir lujosas propiedades en la zona metropolitana de Miami, donde el antiguo jefe de la Policía Federal residió después de abandonar su cargo.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador promovió una demanda civil en septiembre de 2021 ante un tribunal de Florida. Este proceso es independiente del juicio penal en Nueva York en el que García Luna fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada el pasado 21 de febrero. El objetivo de las autoridades mexicanas es recuperar el dinero, que salió de las arcas públicas bajo la sospecha de corrupción, sobornos y redes de complicidad que facilitaron los desvíos. También hay otros tres procesos abiertos en la Fiscalía General de la República. “Se trata de devolver al pueblo de México lo robado”, dijo el presidente en su conferencia de prensa de este jueves. ”Estos bienes, se presume, fueron fruto de la corrupción”, agregó.
Cuatro de las 19 propiedades aseguradas están a nombre de la empresa Delta Integrator LLC, registrada y dirigida por Cristina Pereyra desde 2013. Ese mismo año, de acuerdo con el registro comercial de Florida, el propio García Luna fue añadido al directorio de la compañía. Entre septiembre y noviembre de 2018, Delta Integrator adquirió cinco apartamentos de lujo en un condominio en Aventura, una pequeña localidad a las afueras de Miami que es famosa por tener el tercer centro comercial más grande de Estados Unidos. Las transacciones fueron por casi cuatro millones de dólares, según la demanda de la UIF. En 2021, uno de los cinco apartamentos por 550.000 dólares. Las otras cuatro ya se encuentran bajo control de las autoridades estadounidenses hasta que se resuelvan las acusaciones. Hay más de 40 propiedades y decenas de vehículos bajo la mira en la demanda de la UIF.
Delta Integrator también fue utilizada por García Luna y su esposa para la compra de varios vehículos clásicos y de lujo, según la demanda. La lista incluye varios modelos de Ford Mustang de finales de los años sesenta y principios de los setenta, un Mercury Montego de 1975, dos motocicletas Harley Davidson y una camioneta Mercedes Benz GL450. Pereyra fue la única testigo de la defensa en el juicio contra su marido en Nueva York, llamada a declarar para responder a varias dudas sobre su patrimonio. Le gustaban los coches antiguos, a veces los reparaba con un hermano suyo”, dijo en el estrado. “Nos gustaban las motocicletas y tuvimos la oportunidad de comprarlas y disfrutarlas hasta cierto punto, aunque no muy seguido”, agregó.
El juez Brian Cogan ordenó que se excluyeran del juicio penal por narcotráfico y delincuencia organizada todas las evidencias sobre la fortuna del exfuncionario en Miami, al argumentar que los fiscales no lograron demostrar que los bienes fueron obtenidos con dinero del narco. Pereyra, en cambio, es una de las personas demandadas por el Gobierno de México en el juicio civil, junto a su esposo. Otros seis socios de García Luna también están bajo escrutinio, así como 44 empresas encabezadas por el exsecretario de Seguridad Pública o su círculo más cercano.
La UIF empujó para que fueran bloqueadas 595 cuentas bancarias ligadas al entramado de García Luna entre 2019 y 2021. El monto originalmente retenido de todas las cuentas era de 25,9 millones de pesos y poco más de 140.000 dólares. Gracias a amparos, cerca de 19 millones de pesos y 50.000 dólares ya han sido liberados a favor de los acusados. El bloqueo se mantiene solo sobre 6,9 millones de pesos y 90.000 dólares, según el comunicado del Gobierno de México. Es aproximadamente un 30% del dinero que se congeló por orden de las autoridades en un primer momento.
“En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el Gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del Gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”, zanja la UIF. Está previsto que se dicte sentencia a García Luna a finales de junio por el caso por narcotráfico en Nueva York. Se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel a cadena perpetua. El juicio civil sigue abierto, avanza por otro carril e incluye más de 700 documentos judiciales presentados en Florida. De comprobarse que el exsecretario malversó y blanqueó dinero del erario, el Gobierno de López Obrador buscará que los fondos regresen al país.
