El próximo 31 de diciembre con la despedida de este año, el ministro Arturo Zaldívar dejará su cargo, en medio de un proceso interno en el que cinco de sus pares se disputan la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para el periodo 2023-2026 y en el que han coincidió en la necesidad de preservar la colegialidad e independencia del Tribunal Constitucional.

La salida del ministro presidente se da luego de rechazar la posibilidad de ampliar su mandato en la Corte por dos años más: del 2022 al 20224, oportunidad que le abrió el presidente Andrés López Obrador con una reforma legal calificada “a modo”, pero que el ministro terminó por rechazar.

“Concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022 cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros ministros y ministras”, anunció Zaldívar en la conferencia de prensa del 6 de agosto del 2021.

Tres meses después de ese anuncio –que puso fin a las especulaciones sobre si permanecería o no en el cargo, dado que el ministro, se reservó su derecho de opinar sobre el tema–, el Pleno declaró inconstitucional el artículo 13 transitorio del decreto de la reforma de justicia federal que ampliaba por dos años el periodo del ministro y de los consejeros de la Judicatura Federal.

Ello, tras avalar el proyecto elaborado por el otrora ministro José Fernando Franco González Salas, que determinaba que la Corte es el único órgano facultado para designar a su presidente.

El Artículo 97 de la Constitución establece que cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la SCJN, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.

El referido artículo transitorio fue incluido y aprobado por los legisladores de Morena y sus aliados, a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que Zaldívar era el único capaz para renovar y limpiar de corrupción al Poder Judicial de la Federación.

Entre otras funciones del presidente de la Corte están el autorizar las listas de los asuntos, dirigir los debates y moderar las sesiones de los Plenos y del Consejo de la Judicatura Federal (CJN), así como firmar las resoluciones del Pleno, junto con la o el ponente y con la Secretaría General de Acuerdos, que dará fe de las mismas.

Gestión de claroscuros

Para el abogado y politólogo Javier Martín Reyes, en estos cuatro años, la gestión de Zaldívar Lelo de Larrea ha estado marcada de claroscuros, pues la independencia que mostró al inicio en casos como los de La Guardería ABC y Florence Cassez, al final se desdibujó dada su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Zaldívar redactó la reforma al Poder Judicial y se fue a la conferencia mañanera para que López Obrador la firmara, es decir, buscó el aval del Ejecutivo, Su presidencia fue meramente personalista, no colegiada”, valora el también académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Luis Miguel Carriedo, académico de la Universidad Autónoma de México (UAM), opina que Zaldívar será recordado como un ministro que llegó con la bendición del presidente Felipe Calderón y tuvo la habilidad de cambiar al terreno político como aliado de su gran enemigo: López Obrador.

Para el analista, un dato central que definirá al ministro Zaldívar es que siendo el garante de la constitucionalidad del país, estuvo tentado a violar la Carta Magna para quedarse dos años más en el cargo.

“Ante la propuesta para modificar el periodo constitucional y abrir la posibilidad para quedarse e implementar la reforma del Poder Judicial enmudeció, se quedó callado mucho tiempo, tardó mucho en desmarcarse, pues estaba calculando el poder quedarse”, considera Carriedo.

El experto argumenta que al darse cuenta de que los votos no le favorecen, el ministro presidente terminó por no hacer caso al “canto de las sirenas” y salir a aclarar que terminaría el periodo para el cual fue nombrado, es decir, el último día del 2022.

El constitucionalista, Hugo Concha, estima que la llamada Cuarta Transformación ha puesto a la Corte en “el ojo del huracán”, porque ha sido sometida muchas veces a una presión del Ejecutivo para que los ministros resuelvan de la manera que López Obrador quiere.

“Hablar de una evaluación de la gestión de Zaldívar es complicado, porque tiene muchos claroscuros, porque no se puede decir que es buena o mala y punto Es una gestión que ha marcado direcciones distintas, aunque en términos generales tiene dos rasgos generales: Es una gestión muy politizada y muy autoritaria”, define.

Contrario a ello, el politólogo Fernando Dworak, considera que en el imaginario colectivo existe la idea de que Zaldívar “se doblegó” al Ejecutivo Federal, cuando esa postura le permitió “capotear” muchos temas que a él le interesaba empujar.

“Él supo ceder y saber hasta dónde avanzar, hacía dónde no confrontarse para poder obtener lo que quería. Tuvo mano izquierda para saber capotear muchas de las cosas del presidente, en ese sentido”, observa Dworak.

Zaldívar visto por Zaldívar

 

Pero es el propio Arturo Zaldívar quien, ante los comunicadores, hizo un balance de sus cuatro años de gestión y presume que actualmente “ya no hay riesgos de que se pueda tomar al Poder Judicial”, para lo cual presenta “datos duros” y “demostrables”:

Detalló que a finales de 2018 y principios del 2019, cuando asumió la presidencia de la Corte, el ambiente en México y en particular con el Poder Judicial Federal era muy hostil hacia las instituciones y que la ciudadanía había votado de manera abrumadora por un cambio y mostraba su inconformidad con la forma como se habían manejado quienes gobernaban el país en las décadas pasadas.

“Particularmente –dijo– había quejas muy importantes hacia el Poder Judicial Federal. La Corte estaba tomada… no podíamos entrar ni salir por la puerta principal, había un plantón permanente, incluso en el último informe del presidente anterior hubo algunos conatos de violencia en contra de invitados”, recordó en su momento.

A ello se sumaba el hecho de que no había autocrítica dentro del Poder Judicial Federal y había una intención clara, no sólo del partido mayoritario (Morena), sino de todas las fuerzas políticas en el Congreso, de llevar a cabo reformas muy profundas a éste que hubieran no sólo puesto en riesgo, sino que hubieran acabado con su independencia con las consecuencias que esto traería para la gente.

El ministro Zaldívar precisó que, en ese entonces, había proyectos para desintegrar la Corte y nombrar nuevas ministras y ministros, similar a lo que hizo (El presidente Ernesto) Zedillo en el 94 que derivó, entre otros, en su actual integración la cual se redujo de 26 a 11 ministros.

Esto es, añadió el abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, “El Poder Judicial visto como un “botín político”.

“Si esto se hubiera hecho realidad (el poder judicial como un botín político), la posición de la Corte en el esquema jurídico mexicano hubiera disminuido considerablemente y el Consejo de la Judicatura (Federal), y toda la administración y vigilancia de los jueces, se estaría manejando con criterios meramente políticos y respondiendo a intereses económicos ajenos al Poder Judicial Federal”, señaló.

La sucesión

Los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández ya hicieron públicos sus proyectos para suceder al ministro Arturo Zaldívar.

La elección se llevará a cabo el 2 de enero del 2023. La votación se hará por cédulas, contando con la participación de dos ministros y/o ministras para el escrutinio.

Para que una persona sea electa deberá obtener cuando menos seis votos. Si nadie obtuviera los votos suficientes, se hará una nueva votación en la que sólo participarán las dos personas que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, resultando electa o electo quien alcance seis votos o más a su favor.

La persona electa tomará posesión inmediatamente después de su elección y rendirá protesta como titular de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ante los Plenos reunidos.