La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Norte, ejecutó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino como probable responsable del delito Ejercicio Ilegal del Servicio Público cometido en el municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas.
Elementos de la Policía de Investigación ejecutaron el mandato judicial en contra de Ramón “N”, ex presidente municipal de San Andrés Duraznal, como probable responsable del delito Ejercicio Ilegal del Servicio Público cometido en agravio del H. Ayuntamiento del citado municipio.
El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control y recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 11 de Pichucalco, para que se determine su situación jurídica.
Por otra parte, la FGE ejecutó Orden de Aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, por su probable responsabilidad en el delito de Abuso de Funciones Públicas, durante el tiempo que se desempeñó como director del Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas.
En las últimas horas, en las inmediaciones del centro del municipio de San Cristóbal de las Casas, elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión, girada por el Juez primero en materia penal para la atención de delitos graves de Tuxtla, en contra de Fausto Gerardo “N”, presuntamente implicado en el delito de Abuso de Funciones Públicas, en agravio de la Secretaría de Salud y/o Instituto de Salud.
Derivado de las investigaciones, se estableció que el hoy imputado en conjunto con otra persona, afectaron gravemente el patrimonio del Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud, ya que siendo director del Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de las Casas, durante la administración 2011-2012, contrató directamente con una empresa, la compra de medicamentos y equipo médico a precios elevados, los cuales en la época de los hechos no eran precios del mercado, disponiendo de los recursos económicos con los que cuenta el Instituto de Salud y/o Secretaria de Salud, sin contar con la autorización de quien legalmente tiene para ello, incumpliendo con ello su obligación de custodiar y vigilar el destino adecuado de dichos recursos, los que se encontraban bajo custodia, sin ceñirse al procedimiento adecuado para la valoración de costos y elección del mejor proveedor para la dependencia.
