A los medios de comunicación…
A la sociedad civil comprometida…
A la población de Chiapa de Corzo

Hoy escribo con un cuchillo clavado en el pecho.

Hay que exigirle al INAH, a la Presidencia Municipal de Chiapa de Corzo y a Vicente Guerrero (responsable de la obra), que informen de manera formal sobre el procesos de restauración de la Pila de Chiapa de Corzo.

La población de Comitán, se manifestó tajantemente ante el “destrozo” que hicieron en el proceso de “restauración” de la Casa Museo Belisario Domínguez, esta situación es sumamente común en Chiapas, y la sociedad civil tiene la obligación de articular respuestas ante la disfuncionalidad del Estado.

Se debe hacer una auditoría técnica y financiera de las obras que se hacen al respecto, como es el caso de la Pila del periodo de la colonia de Chiapa de Corzo. Que otras personas especializadas intervengan para dictaminar al respecto, ya que la opinión de los restauradores locales es cuestionable, considerando que cada inversión de esta naturaleza es millonaria, y obviamente hay muchos intereses en torno a ello, esto ha propiciado la existencia de un monopolio cerrado que realiza estos trabajos.

Ejemplo claro en la restauración de la iglesia de San Sebastián de Chiapa de Corzo, donde una empresa ajena al monopolio ganó la obra en un concurso de licitación, ante ello iniciaron toda una “guerra” para posesionarse de la obra, producto de ello fue visible la manera de cómo opera el monopolio que desea tener el control de todas las obras con estas características en la región.

Este monopolio opera también como un control de la información y del conocimiento. En el peldaño de la soberbia, dueños de la verdad, no permiten que sean discutidas abiertamente las decisiones que toman en el proceso de restauración, esto crea que trabajen en una “libertad” total e incuestionable, pudiendo (en términos hipotéticos) tener efectos irreversibles, véase por ejemplo la fotografía adjunta, están lapidando una parte de la Pila que estaba enterrada, por sentido común esto no debería realizarse.

Urge implementar un modelo de comunicación de las instancias implicadas en estos procesos y la sociedad civil, y es obligación del Estado efectuarlas.