Aunque se oficializó el aumento al pasaje en el transporte público, en el caso de los taxis el cobro de cero a dos kilómetros será de 25 pesos; del tres y hasta cinco habrá un adicional de 7.85 pesos por cada kilómetro avanzado; si usted va a una distancia superior a los cinco mil metros, cada kilómetro recorrido le costará seis pesos más.

No obstante, mientras que no se defina con qué aparatos tecnológicos se aplicarán los cobros, los costos van a generar una confusión generalizada entre los transportistas y usuarios.

Empresarios, sectores transportistas y ciudadanos coinciden en que el sector tiene la obligación también de mejorar las unidades y otorgar mayores garantías de seguridad para demostrarle a la ciudadanía su compromiso por mejorar su servicio.

“Tarifas justas”

Al ser Chiapas un estado donde el 95 por ciento de los servicios de taxis se dan de manera obsoleta, sin ocupar un sólo equipo de tecnología o seguridad, la única opción para evitar confusiones con el ajuste a la nueva tarifa del pasaje en la modalidad de taxis, es que todo el gremio utilice el taxímetro o aplicaciones que beneficien al trabajador del volante y al usuario, remarcó Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas (Coestrach).

Obsoleto e inseguro

El aumento a la tarifa, en su mayoría, recae en el tema económico para la ciudadanía, pero se olvida de otros como la protección al usuario ante cualquier siniestro, sobre todo para las mujeres.

Carmen Villa, directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH), comentó que el servicio de transporte público en colectivos es obsoleto e inseguro, ya que no cuenta con un protocolo actualizado que proteja a los usuarios y usuarias ante cualquier siniestro.

“Hay una carencia absoluta en políticas públicas y regulación de garantías por parte de las instituciones. Las empresas que brindan servicio de taxis carecen de seguridad en diversos sentidos, no hay garantías ante algún accidente al interior o exterior de la unidad”, dijo.

Villa añadió que en Tuxtla Gutiérrez la mayoría de los dueños de colectivos y taxis no se hacen responsables por algún hecho delictivo.

“En el tema de seguridad para las mujeres, las unidades deben tener normativas específicas y con perspectiva de género ante casos como abusos, acoso o violación sexual. Ya las ciudades capitales han adoptado otros modelos de transporte; el que tiene Tuxtla es obsoleto e inseguro”, aseguró.

“El transporte hace paradas para que se acerquen o bien, lleven a las mujeres a su casa; en este sentido, la ciudadanía en Tuxtla es vulnerable, nos encontramos a años luz de esos modelos”, dijo.

Además, Villa aseguró que no hay que caer en el discurso de que sólo en las unidades piratas se encuentra la inseguridad, ya que no tienen registros específicos.

“Hay un juego político, los gremios aseguran que la inseguridad se dispara en las unidades piratas, pero no se tienen datos para seguir y contrastar. Más allá de si lo es, para el usuario no existe una protección delitos como asalto en la vía pública y robo ya son comunes, además de denuncias por secuestro, violación y retención de la libertad”, finalizó.

Pirataje

Un problema que admiten las propias autoridades que no han podido erradicar, es la falta de regulación y vigilancia en las unidades no reguladas o “piratas”.

El mensaje de Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE), es contundente: “este incremento los obliga a modernizar las unidades, ya que hay muchas en condiciones no tan óptimas para el servicio que prestan”.

El presidente del CCE mencionó que los propietarios, las cooperativas de colectivos y grupos de taxis, así como las propias autoridades, deben vigilar de manera más estricta quiénes operan las unidades, obligándolos a tomar una capacitación más estricta para mejorar el servicio.

Lo anterior para evitar que, en el caso de los colectivos, tengan que competir por el pasaje a altas velocidades con el objetivo de alcanzar las elevadas cuentas que piden los dueños, lo cual ha ocasionado accidentes viales.

El dirigente empresarial indicó que la revisión estricta de los operadores ayudaría a evitar que las unidades de transporte sean utilizadas para delinquir y que los perjudicados sean la ciudadanía y los propietarios, sobre todo aquellas que son irregulares.

Señaló que el tema del transporte público se ha complicado en los últimos años, pero habría que tomar en cuenta también los incrementos al salario que se han dado.

“No es por justificar, pero hay que entender que no pueden seguir con el mismo costo cuando todas las cosas están costando más; somos conscientes de que deben tener mayores ingresos de acuerdo al escenario económico”, finalizó.

“Son hornos”

Por otra parte, los que más resienten este incremento es la gente de a pie: estudiantes, comerciantes y población que día con día utiliza dos o hasta ocho colectivos para ir y regresar a su casa.

Tal es el caso de Angelina, madre de Alejandra, quien señaló que todos los días tiene que pagar por lo menos ocho pasajes, estos divididos entre ir a su trabajo y trasladar a su hija a la escuela.

“No justifico el aumento en el precio a ocho pesos, ya que esta situación merma nuestra economía. Ahora se debe revisar el parque vehicular, pues los colectivos de muchas rutas están en pésimas condiciones, muchas combis están prácticamente destartaladas”, mencionó.

“Las unidades son hornos al no tener una adecuada ventilación, es un detalle que los concesionarios o los dueños deben ver antes de comprar un carro para utilizarlo como medio de transporte”, expresó.

Angelina expresó una problemática que sin duda le ha tocado vivir a la ciudadanía y más en las temporadas de calor.

“Las unidades no cuentan con sistema de climatización y al no tener ventanas grandes se envuelve el calor dentro de estas y peor tantito cuando los conductores suben a gente de más que va parada para ganar más pasaje”, añadió.

 

Con información cuarto poder