Pedro Faro, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal de Las Casas, manifestó su preocupación por que el aumento de la violencia en los pueblos indígenas es cada vez más inminente.

Con base en información obtenida, reveló que hay más denuncias de personas que advierten sobre un incremento de tráfico de armas, drogas y de trata de personas y pornografía, “es algo evidente, lo vemos, por ejemplo, en Aldama y Chalchihuitán, donde la gente desplazada no puede retornar a sus lugares de origen”.

Por ello, comentó que es necesario que el Estado actúe de manera eficiente y eficaz en estas situaciones, “que no se tolere la violencia y estas mafias de poder que son ya muy visibles”.

Ante la necesidad de desarmar a los grupos armados en los municipios indígenas, se cuestionó el porqué no poner orden en localidades como Aldama, “tú ves del lado de Santa Martha una serie de trincheras que están ahí, desde donde de forma constante la policía y el Ejército hacen rondines, y con eso ha bajado el nivel de agresiones”.

No obstante, aseveró que sería urgente destruir esas trincheras, pues desde ahí los malhechores lo utilizan para disparar, “es el campo de tiro hacia Aldama; pero en esas mismas trincheras se hallaron chalecos o balas de la policía”.

De hecho, recordó que desde el gobierno de la alcaldesa Rosa Pérez en Chenalhó, hasta el actual Abraham Cruz, se han mantenido esos grupos paramilitares, “no es disparatado pensar en que hay una complicidad entre esos gobiernos locales y los grupos que actúan con armas y con una estrategia de terror”.

De acuerdo con lo que ha visto, externó que pareciera que la vida de los pueblos originarios no le importa al Estado mexicano, y por lo tanto no actúa como debería de ser, “ya se saben los nombres y apellidos de las personas que son los líderes de esas agrupaciones paramilitares, aunque falta saber quién los financia, con quiénes trafican esas armas de alto poder, como AK-47”.

 

Con información Sie7e de Chiapas